La Fiscalía ha empezado a dejar constancia de la enorme gravedad del latrocinio de fondos llevado a cabo por UGT y CCOO en Extremadura, tal y como está avanzando día a día OKDIARIO.
Y una de sus medidas urgentes ha sido la solicitud de la paralización inmediata de la entrega del resto de subvenciones ligadas a los proyectos de formación presentados por los dos grandes sindicatos y sobre los que aún no se habían terminado de abonar las ayudas públicas.
La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros.
Y esa magnitud y dimensión es precisamente la que justifica que la Fiscalía haya solicitado poner a salvo cuanto menos las subvenciones aún no abonados a CCOO y UGT.
«Entidades beneficiarias»
El escrito del Ministerio Público no deja lugar a dudas sobre las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, señala la Fiscalía.
“En aras del seguimiento de las posibles responsabilidades civiles derivadas de estos hechos investigados el fiscal interesa sin perjuicio de las actuaciones administrativas de repercusión y recuperación de importes de la subvenciones públicas concedidas en esta convocatoria analizada, que se proceda a la retención cautelar del 25% aún no entregado a las distintas entidades beneficiarias, fundaciones y empresas investigadas”, concluye el Ministerio Público.
Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejan que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.
Con ese fin, ambas formaciones sindicales enchufaron a falsos profesores con sueldos elevados artificialmente para llevarse el dinero de los fondos de formación que repartía sin control la Junta de Extremadura comandada por el socialista Fernández Vara.
La UCO y la Fiscalía siguen con su investigación y no dejan de destapar prácticas que apuntan, como señala el Ministerio Público -Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-, “a nivel indiciario a diversas conductas de apariencia delictiva que justifican la formulación de esta oportuna denuncia”.
Facturas infladas y sobrecostes
Entre los mecanismos de fraude figura el “incremento artificioso del coste de las nóminas del personal docente, tanto en concepto de orientación, como en el de impartición de cursos”; también el basado en “aplicar cantidades destinadas a formación de trabajadores ocupados (subvenciones públicas) a financiar gastos de personal de la estructura” de Comisiones Obreras y de UGT; y, por supuesto, la “aplicación [de las subvenciones] en gastos justificados mediante nóminas del personal de Extremadura que no se ajustan a valor de mercado”.
Los investigadores, además, han detectado que se han solicitado “pagos de subvención sobre supuestos gastos de docencia que no tienen ningún soporte documental justificativo” y que se ha incurrido “en aparentes sobrecostes no justificados en distintas partidas (alquiler de locales, material didáctico) por importe superior al coste real de mercado del material, producto, equipamiento o servicio prestado”.
Hay que recordar que la UCO ha puesto la lupa en el sindicado Comisiones Obreras tras encontrar un esquema similar al de UGT, con una red de sociedades que inflaban las facturas de los servicios y que permitían que este otro sindicato absorbiese fondos de formación de Extremadura y los destinase a pagar sus propios gastos en la estructura nacional del sindicato.
Tanto la Fiscalía como la UCO han confirmado ya la existencia de esa estructura societaria comandada por Forem -la división de formación de CCOO que se dedica al fomento del “estudio y la investigación en materia de empleo y formación profesional y social”- y por una serie de compañías que realizaban subcontrataciones de forma sistemática para poder acceder al dinero de los fondos. Y un esquema muy parecido -comandado por IFES- en el caso de UGT.
Con todo ello, los investigadores creen que en el caso de Comisiones Obreras el fraude podría ser a escala nacional y por importes muy superiores a los 30 millones de euros. Posiblemente, por encima de los 100 millones de euros.
