La Fiscalía salva al Gobierno pero abre una vía para las querellas contra los presidentes autonómicos

La petición de la Fiscalía General del Estado para que el Tribunal Supremo rechace las querellas presentadas contra el Gobierno salva, por el momento a Pedro Sánchez y sus ministros. Sin embargo, los mismos argumentos que sirven para cerrar una puerta, la del Supremo, sirven para abrir una ventana, la de las querellas contra los presidentes autonómicos y sus consejeros de Sanidad.

En la argumentación jurídica dada por los fiscales, cuando hacen referencia a por qué no existe una prevaricación administrativa por omisión, aducen que «las distintas comunidades y ciudades autónomas españolas gozan, por su parte, de competencias exclusivas para el desarrollo de la legislación básica en materia de sanidad interior, así como también para la ejecución de la normativa sanitaria. De ahí que resulte posible afirmar que, con carácter general, la protección de la salud pública interior en situaciones ordinarias corresponde a las comunidades y ciudades Autónomas».

El Ministerio Público expone que la falta de previsión antes del 14 de marzo, día que se decretó el estado de alarma, no puede achacarse al Ejecutivo pues «resulta, por ello evidente, que las competencias en materia de protección de la salud pública y, en particular, de vigilancia y tutela epidemiológica correspondía, sin excepción, a las distintas comunidades y ciudades autónomas».

Y apostillan que, «de ahí que, resultando incontrovertido que el ministro no gozaba de competencias en materia de prevención y tutela epidemiológica, deba concluirse que no disponía de facultades para instaurar medidas de carácter ejecutivo en este caso».

Competencias

Por si fuera poco, por parte de la Fiscalía el sacar de un plumazo al Gobierno, el informe pone de manera más que evidente en la picota a las administraciones autonómicas, muchas de ellas en manos de socialistas como la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura o Navarra; y otras en manos de sus socios forzosos como País Vasco o Cataluña.

El informe dice: «Es evidente que, cuando menos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, el Estado no contaba con las competencias necesarias para adoptar medidas concretas de naturaleza ejecutiva en materia de protección de la salud pública, no resulte posible atribuir ni al presidente del Gobierno de España, ni al resto de sus miembros, la condición de “garantes” de la tutela de la salud pública de todos los españoles, pues, en definitiva, dicha condición debe quedar reservada para quienes, gozando de competencias en materia sanitaria, se hallasen facultados, y, más en concreto obligados, para implementar cuantas medidas fueran necesarias a fin de conjurar el riesgo generado por la Covid-19».

Del razonamiento anterior dice el informe que «cabe inferir que el nacimiento de la posición de ‘garante’ de los miembros del Gobierno para con la protección de la salud pública de la ciudadanía se encuentra estrechamente conectada con la aparición de aquellos presupuestos que justificaron la declaración del estado de alarma».

Es decir, según la Fiscalía General del Estado, debieron ser las comunidades, y por ende sus dirigentes, quienes debieron conseguir las medidas de protección que hubieran evitado los contagios que han desembocado en más de 40.000 muertos.

El informe

El informe, de más de 300 páginas, ha sido elaborado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luís Navajas, y con él han colaborado el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce y la Unidad especializada de Siniestralidad laboral.

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