La Fiscalía se querella contra la Generalitat por la compra de urnas

La Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, por su «voluntad rebelde» al iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum ilegal, que conduce «a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura».

La querella, que también se dirige contra el secretario general de Governació, Francesc Esteve, la ha interpuesto la Fiscalía de Cataluña por orden de la Fiscalía General del Estado, al considerar que el anuncio de licitación para la compra de urnas por parte del Govern «supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista» en Cataluña, contrario a los «expresos mandatos» del Constitucional.

El escrito de la Fiscalía, que en función de la eventual investigación podría extenderse a otros cargos públicos, se ha presentado después de que el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó el pasado 9 de mayo un anuncio sobre el proceso de licitación de las urnas, por un valor de 200.000 euros, con el que el gobierno catalán pretende celebrar el referéndum independentista.

Según la querella, Borràs y Esteve han licitado las urnas para el referéndum «con cabal conciencia» de que con ello impulsaban un trámite «constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado, extravagante de las genuinas funciones de las que estaban investidos conforme a la Constitución y al Estatut y que conduce al pueblo español y a todos los ciudadanos de Cataluña a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura».

Con esta licitación, según la Fiscalía, los querellados «están posibilitando la celebración de un referéndum ilegal como paso esencial en el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república, desvinculando a las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema constitucional y dinamitando el sistema de distribución de competencias».

Para la Fiscalía, los querellados comprometen fondos públicos «siendo plenamente conscientes de que con ello ponen en marcha los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista que saben que no solo es contrario al ordenamiento jurídico, sino que vulnera frontalmente los mandatos del Constitucional».

Con ello evidencian «su pertinaz, inequívoca e irreversible voluntad de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución», según la Fiscalía.

Según el ministerio público, esta licitación es un intento por parte del Govern para «enmascarar formalmente» la preparación del referéndum, pese a los pronunciamientos «reiterados de forma clara y sin fisuras» por parte del Tribunal Constitucional de que la Generalitat no puede convocar consultas que afecten al «fundamento mismo del orden constitucional».

«Por más que la intención de los querellados de obtener los medios para la celebración del referéndum ilegal se pretenda ocultar bajo los términos amplios que describe el Acuerdo Marco del departamento de Governació, no por ello dejan de evidenciar esta voluntad rebelde a cumplir las resoluciones del Constitucional», advierte la Fiscalía.

Según la querella, Borràs y Esteve han actuado «animados» por una «voluntad unívoca de celebración de un referéndum de autodeterminación» para continuar con el propósito fijado en la resolución de ruptura aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015 -suspendida por el TC- para crear «un Estado catalán independiente en forma de república».

La Fiscalía considera que Borràs y Esteve decidieron adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios para poder celebrar la votación -en este caso la compra de urnas-, «pese a tener pleno conocimiento de la inconstitucionalidad de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación y de las expresas advertencias del Tribunal Constitucional».

Por este motivo, como no podían pedir urnas al Estado para la celebración del referéndum -como sí hace la Generalitat en las demás elecciones- y como tampoco podían hacer «abiertamente» una oferta pública de contratación, ya que el Constitucional había suspendido las partidas presupuestarias, los querellados «idearon una fórmula de licitación para el suministro de las necesarias urnas que, en un primer momento, no concretara el destino para el que iban a ser utilizadas y que, además, aparentara no implicar una disposición de fondos».

No obstante, la Fiscalía concluye que los querellados, en base a este acuerdo marco, están comprometiendo fondos públicos para su aplicación «a unos fines interesados y contrarios a la legalidad: la adquisición de material para la celebración de un referéndum inconstitucional».

Según el ministerio público, con este acuerdo los querellados «en modo alguno» pretenden obtener urnas para realizar unas «legítimas» elecciones al Parlament, sino el referéndum, «pues no tendría sentido adquirir un material que, gratuitamente, les es cedido por el Estado para la celebración de este tipo de elecciones».

En su querella, la Fiscalía repasa algunas declaraciones públicas de miembros del Govern, como el vicepresidente, Oriol Junqueras, que afirmó que el ejecutivo catalán estaba «conjurado» con la celebración del referéndum soberanista y que la compra de urnas suponía «un paso más» en este proceso.