La Fiscalía alertó de que «razones geográficas» impedían usar pulseras antimaltrato en varias provincias

La Fiscalía General del Estado advierte en sus memorias de las «dificultades» para la utilización de los dispositivos telemáticos de protección de las víctimas de violencia de género, pulseras, en algunas provincias españolas por «razones geográficas».

Así se recoge, en concreto, en la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022. Este problema pasó inadvertido en la opinión pública. La reciente polémica con las pulseras antimaltrato refleja las deficiencias en este dispositivo, fundamental para la protección a las víctimas de violencia de género.

En concreto, la memoria correspondiente al último año avisa de las absoluciones por fallos en estos dispositivos para maltratadores y de los «múltiples fallos» detectados en las pulseras, así como con el prestador del servicio. El Ministerio de Igualdad contrata este servicio a una empresa privada. El sistema de vigilancia de maltratadores y la atención a las víctimas se realiza a través del Centro Cometa, que relaciona a los órganos judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal. Igualdad ha tachado los errores en los dispositivos, con el consiguiente riesgo para las víctimas, de «incidencias técnicas» debidas a un cambio de contrato. El ministerio, que dirige Ana Redondo, ha encargado una auditoría para evaluar las deficiencias de estos dispositivos.

Las memorias de la Fiscalía a lo largo de estos años, en los que el Gobierno ha presumido de su protección a las víctimas de violencia de género, constatan las múltiples deficiencias en seguridad.

Uno de los aspectos más repetidos es la falta de personal y recursos para la elaboración de los informes forenses de valoración, una prueba relevante y pertinente para determinar el riesgo que corre la víctima. En la memoria de 2023, la Fiscalía avisa de la alarmante carencia de Unidades de Valoración Forense Integral, que califica de «mal endémico instaurado a nivel nacional».

«El panorama que los/las fiscales delegados/as plasman en sus memorias es desolador, teniendo como reivindicación generalizada el aumento de personal de las unidades allí donde existen, destacando el incremento de la carga de trabajo al sumarse la emisión de informes por delitos de naturaleza sexual y la práctica de pruebas preconstituidas, que no se ha visto reflejado en un incremento de plantilla de las referidas unidades».

Esto, alertan, «repercute en la prestación del servicio, incluso con el desistimiento de informes para evitar dilaciones inasumibles, reduciendo su intervención a los supuestos de mayor gravedad».

«Nos consta que las valoraciones forenses de riesgo de carácter urgente no se practican en Cuenca, A Coruña, Ávila, Palencia, Valladolid, Asturias, Alicante o Tenerife, entre otras», recogía la Fiscalía aquel año.

Se advierte también la preocupación por que «con frecuencia los forenses elaboran informes teóricos de sanidad en base a informes de urgencias o del centro de salud sin explorar efectivamente a las víctimas para la comprobación de sus lesiones y evolución, circunstancia esta que, en ocasiones, es utilizada por la defensa en juicio para impugnar dichos informes periciales».

En casi la totalidad de las provincias se detecta falta de recursos y dilaciones indebidas.

En la última memoria, se advierten «demoras inauditas» en la elaboración de informes así como falta de forenses y psicólogos en las unidades de valoración.

«El panorama nacional sigue marcado por la escasa dotación de personal, la ausencia de UVFI, los prolongados tiempos de respuesta y la falta de equipos de guardia para valoraciones urgentes en numerosas provincias».

«Sin perjuicio de lo anterior, varias fiscalías provinciales ponen de manifiesto problemáticas relevantes derivadas de la infravaloración de situaciones de riesgo reales», se avisa también. «En determinadas provincias (Cádiz, Albacete, Girona y Córdoba), se ha señalado que, en casos de víctimas con adicciones, discapacidades u otras circunstancias de vulnerabilidad, la valoración policial de riesgo refleja niveles de riesgo «no apreciado» o «bajo», lo que ha conllevado la denegación de órdenes de protección que posteriormente se han mostrado necesarias».

«Razones geográficas»

Sin embargo, una de las cuestiones más llamativas al respecto de la protección a la mujer está en la memoria de 2022.

«En provincias como Teruel, Cáceres, Palencia, Ávila, Soria, razones geográficas dificultan su utilización», alertaba la Fiscalía aquel año.

Por otro lado, el Gobierno también ha admitido que el servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género (Atenpro) tampoco funcionó cuando fallaron las sistemas antimaltrato.

En un reciente real decreto para la concesión de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación de este servicio se informa que este verano hubo «carencias en la cobertura móvil en zonas rurales», donde también se registró el mal funcionamiento de las pulseras.