Los fiscales dicen que el cese de De los Cobos ataca «la independencia de la Guardia Civil»

Primero han sido los jueces. Y ahora los fiscales. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, cuando la Guardia Civil está investigando las implicaciones políticas en la propagación del coronavirus en la manifestación del 8-M, ha provocado la respuesta de la Asociación de Fiscales, con considera que crea un «inquietante precedente y un ataque a la independencia e imparcialidad» del cuerpo.

Según ha explicado esta asociación mayoritaria, la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, supuestamente por un informe sobre el 8-M, puede afectar a la imagen de neutralidad de los cuerpos de seguridad cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial durante una investigación penal.

La Asociación de Fiscales defiende que el poder ejecutivo no debe intervenir en el Instituto Armado cuando estén trabajando en una investigación abierta por un juzgado o en unas diligencias de la Fiscalía.

Además, han recordado que la Constitución y las leyes procesales reconocen la separación de poderes como un principio básico del sistema democrático, por lo que critican el precedente y el ataque que este cese supone.

Purga de Marlaska

La destitución del coronel Pérez de los Cobos ha provocado un verdadero tsunami político con el foco puesto en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras el cese del nº 1 de la Benemérita en Madrid por la investigación que está llevando a cabo la Policía Judicial del Instituto Armado sobre la manifestación del 8-M, se produjo la dimisión del general Laurentino Ceña, hasta este martes Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil.

La crisis provocada por la purga ordenada por Marlaska ha llevado al Gobierno a aprobar a toda prisa una nueva partida para la equiparación salarial del Cuerpo, a modo de cortina de humo. Sin embargo, las sospechas de injerencia de Interior en una investigación en curso han llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, a lanzar una advertencia a los responsables de Interior si, finalmente, se demuestra que ha existido algún tipo de traba o de intromisión en la investigación ordenada por la propia Rodríguez-Medel que, además, pidió expresamente a los agentes comisionados que sólo le informaran a ella del contenido de su investigación, al haber indicios de implicación del propio Gobierno.