Feijóo rescata una sentencia del Constitucional para elegir a los jueces fuera de «la lucha de partidos»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apela a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 sobre el Poder Judicial para hacer valer su posición de que los jueces elijan a los jueces en la negociación que han reabierto PP y PSOE de cara a la renovación del CGPJ. El jefe de la oposición considera esencial esa sentencia de 1986 sobre la reforma de la ley orgánica de 1985 en tanto que señala que el método vigente desde ese momento «no es el conveniente», aunque el TC decretara entonces la constitucionalidad de dicha norma.

Para Feijóo, con su propuesta de que sean los jueces quienes elijan a los jueces, el Parlamento seguirá teniendo «un papel preponderante y predominante, primero porque es el que hace las leyes y es el que hará la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, y segundo, porque a las Cortes les sigue correspondiendo la elección de ocho juristas de reconocido prestigio de los 20 vocales del CGPJ».

De este modo, el líder del PP recalca que «la preponderancia del Parlamento es asegurar la separación de poderes, esa es la mayor facultad y la mayor responsabilidad que tienen las Cámaras: asegurar que las Cámaras como Poder Legislativo no puedan interrumpir la independencia del Poder Judicial. Y asegurar desde las Cámaras que el Poder Ejecutivo no pueda intoxicar ni manipular el Poder Judicial», remarca Feijóo.

«El Parlamento debe garantizar la independencia del Poder Judicial. Si no la garantiza, menudo papel tiene el Parlamento. Si el objetivo del Poder Legislativo es controlar el Poder Judicial, eso es la descalificación del poder legislativo, cuando le corresponde un papel de garantía absoluta y de mensaje constitucional», subraya el líder del PP.

«Cuando el Tribunal Constitucional dijo lo que dijo sobre la reforma de 1985 y viendo lo que ha ocurrido desde entonces  hasta ahora, el Tribunal Constitucional tenía absolutamente la razón. Este método no es el conveniente y no es el que predomina de acuerdo con el Estado de Derecho de la Unión Europea», afirma Feijóo.

En concreto, en aquella sentencia, el máximo garante de la Carta Magna se pronunció así sobre la reforma de la ley del Poder Judicial de 1985: «Existe el riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos».

«La lógica del Estado de partidos -argumentó el TC- empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder», argumentó el TC. La reforma de 1985 realizada sobre la ley de 1980 modificó el tipo de elección de los doce vocales de pertenencia judicial -hasta entonces correspondía a jueces y magistrados- para atribuir su designación a las Cortes Generales.

«Supervisión» de la UE

En su balance de fin de año, Feijóo advirtió este jueves que su partido «vigilará de cerca que la renovación del CGPJ y el cambio de método de elección puedan producirse con garantías de independencia», bajo la «supervisión» de la Comisión Europea. El jefe de la oposición enfatizó que el PP no va a «cambiar de opinión» tras comprometerse con Pedro Sánchez la semana pasada a «volver a intentarlo» pese al «nivel de acoso a la Justicia y de utilización de las instituciones» que están realizando este Gobierno y sus socios, algo no ha dejado de «aumentar», apostilló.

En rueda de prensa en Madrid y en relación con los jueces, Feijóo defendió su propuesta de acudir a la Comisión Europea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las «mentiras» del presidente del Gobierno. «Es la única posibilidad que tenemos, porque nos han engañado tanto y con tanta intensidad que necesitamos que garanticen la independencia judicial por la única institución que puede abrir un expediente por incumplimiento del Estado de Derecho a un país miembro», manifestó.

Además, Feijóo puso en valor la figura del «supervisor» del UE que acordó con Sánchez y rechazó que a un responsable comunitario -todavía por designar- se le llame «mediador». «Es la Comisión Europea la que debe concretar quién puede garantizar y supervisar las conversaciones y el avance», expresó, manteniendo a su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, como interlocutor del PP con el ministro socialista de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.