Una familia trata de linchar a 5 funcionarios de prisiones cuya identidad no protegió Interior

El pasado 5 de abril cinco funcionarios de prisiones de la cárcel de Archidona, en Málaga, tuvieron que esconderse en un despacho de los juzgados de esta localidad malagueña mientras una turba les gritaba, les insultaba y les amenazaba al grito de “torturadores” y “asesinos”. La Guardia Civil que custodia las dependencias judiciales tuvo que pedir refuerzos y acabaron escoltando a los funcionarios a sus coches para que pudieran marcharse sin peligro.

Durante el trayecto hasta sus vehículos la multitud que los insultaba se acordó de su familia y de toda su descendencia, una reacción sorprendente porque los cinco trabajadores acudían a declarar como testigos para esclarecer la muerte del familiar de la multitud enfurecida. Para entender este lamentable episodio hay que retroceder casi un mes en el tiempo.

Viernes 12 de marzo. Cinco de la tarde. Dos presos extremadamente peligrosos, violentos e inadaptados, ambos clasificados en primer grado, coinciden en el patio de la prisión. Nada hace pensar lo que va a suceder a continuación porque ambos reclusos ya han coincidido anteriormente y han llegado a saludarse de forma amistosa.

Sin embargo, esa tarde todo fue diferente. Mientras los funcionarios vigilaban la salida del resto de reclusos al patio, los internos, de 38 y 40 años, comenzaron a discutir. No ha trascendido el motivo, tal vez porque lo peor fue las consecuencias. Cuando los funcionarios de prisiones se dieron cuenta el interno de 40 años pateaba violentamente al otro en el suelo. Cuando le pidieron que se detuviera lo hizo de inmediato y se dejó inmovilizar sin resistencia.

Ante él yacía el cuerpo moribundo y deformado del interno agredido. Los funcionarios se empeñaron en reanimarlo y llegaron a conseguirlo, pero su estado era lamentable así que era urgente trasladarlo a un hospital. De hecho, los propios trabajadores sugirieron que el traslado fuera aéreo, pero al final se llevó a cabo con una ambulancia.

Los médicos que recibieron al recluso agredido hicieron todo lo que pudieron por él, pero la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento al día siguiente.

Como no puede ser de otra manera se ordenó una investigación judicial para dirimir la responsabilidad de la muerte del recluso y como parte de esa investigación fueron citados en el juzgado de instrucción los testigos y los familiares del fallecido quienes también declararían en calidad de perjudicados y como tales podrían tomar medidas legales al respecto.

Evidentemente los funcionarios que detuvieron la agresión fueron citados a declarar. Pero lo curioso del asunto es que ni la dirección de la cárcel, ni la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y tampoco el juzgado repararon en velar por los datos de los trabajadores citados, cuyos nombres de identificación se incluyeron en el mismo documento con el que se citaba a la familia del preso asesinado.

Mala idea, sobre todo teniendo en cuenta que para la familia del recluso muerto los funcionarios de prisiones son lo que su familiar fallecido les transmitía cada vez que hablaba con ellos: torturadores, carceleros y los responsables de todos sus males entre rejas.

Datos reservados

Cuando la familia del preso muerto leyó a qué hora y qué día tenían que declarar los funcionarios citados se presentaron en el juzgado, tanto los que tenían que hablar ante el juez como los que no, para acosar e insultar a los funcionarios.

Desde la asociación de funcionarios Tu Abandono me Puede Matar han querido no sólo respaldar a sus compañeros, sino que ponen sobre la mesa una situación muy grave. ¿Cómo puede el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, dejar en poder de la familia de un preso asesinado los números de identificación de sus trabajadores?

Una de las más antiguas reclamaciones de los trabajadores de prisiones pasa por ser reconocidos como agentes de la autoridad. Esa petición en este ámbito propiciaría una mayor protección de cara a hechos como los vividos con estos familiares ya que nunca se revelaría el hecho de cuándo y dónde deberían prestar declaración.

También hay críticas para la dirección del centro. Por lo general los trabajadores carcelarios huyen de que se les conozca por su oficio por miedo a represalias como las sufridas en el juzgado de Archidona. ¿No habría podido la dirección del penal pedir al juzgado una declaración por videoconferencia desde la misma cárcel?

Y, por último, pero no por ello menos importante: ¿a qué juzgado se le ocurre citar el mismo día y a través del mismo documento a la familia del muerto y a quienes ellos responsabilizan de su trágico final?

Los funcionarios afectados buscan que este hecho se conozca, ya no por ellos, sino por los siguientes compañeros que puedan verse en un brete así de complicado.