La factura del independentismo: 1.000 millones al año en políticas para la «construcción nacional»

El independentismo, en su viaje hacia la secesión de Cataluña, gasta anualmente más de 1.000 millones de euros de las arcas públicas en su proyecto. Dinero de todos los catalanes que se va en políticas para imponer el uso del catalán, subvencionar la cultura de país, establecer redes diplomáticas en el extranjero en busca de apoyos y controlar medios de comunicación. El cálculo proviene de un profundo estudio elaborado por el movimiento cívico Impulso Ciudadano.

El documento, de una treintena de páginas y bajo el título A más nacionalismo, menos servicios: el gasto de la construcción nacional supera los 1.000 millones al año, incluye un cálculo preciso de la inversión pública realizada por la Generalitat en áreas estratégicas para el proyecto separatista.

La factura supera ampliamente los 1.000 millones de euros anuales con cargo a los presupuestos de la Generalitat para este 2021. En política lingüística, la promoción del catalán contempla subvenciones por alrededor de 31 millones de euros. A ello hay que sumarle otros 30 millones de euros destinados a mantener el Consorci per a la Normalització Lingüística, que cuenta 746 empleados públicos y 22 sedes que mantener por todo el territorio catalán.

A ello se suma un goteo incesante de subvenciones, ayudas y aportaciones a cuenta que recibe una galaxia de organizaciones sociales destinadas a fomentar el uso del catalán.

Otra de las áreas estratégicas que riega la Generalitat con dinero de todos los catalanes es lo que Impulso Ciudadano denomina como Cultura hacia la Nación. La promoción, subvencionada, de la cultura y tradiciones catalanas «en catalán». El apunte presupuestario engorda la factura en otros 218 millones de euros para pagar subvenciones, salarios de plataformas públicas que ejecutan estas políticas y los gastos de las sedes desde las que operan.

En ese goteo que alcanza los 1.000 millones públicos también figuran los 6 millones destinados al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán que «pasa por alto las vulneraciones de derechos que sufren quienes se oponen al nacionalismo», denuncia Impulso Ciudadano. Un organismo muy polémico por las denuncias de inacción que plantean los sectores opuestos a la independencia catalana. El informe señala que con esa financiación pública se puede pagar el tratamiento completo en el sistema de sanidad público catalán de 82 pacientes de cáncer de pulmón.

Publicidad y medios catalanes

Si hay un frente especialmente sensible -y caro de mantener- para el independentismo es el de los medios de comunicación. La estrategia de control en base a subvenciones y publicidad institucional supone un apunte contable de 253 millones de euros en las cuentas públicas catalanas. De ahí bebe TV3 y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ente que cuenta con 2.300 empleados y 66 cargos directivos (sueldos superiores a los 90.000 euros todos ellos). A ello hay que sumarle otra partida de 6 millones de euros que se reserva la Presidencia de la Generalitat para gasto discrecional en medios catalanes.

El dinero institucional dedicado a medios en Cataluña tiene un reparto cuanto menos curioso. Como recuerda el informe, por ejemplo el diario proindependentista Ara, que recientemente ha fichado a Pablo Iglesias como columnista, recibe más dinero público de publicidad institucional que Atresmedia o Mediaset.

Identidad digital y diplomacia

Otro de los frentes clave para la estrategia de construcción nacional del independentismo es la llamada identidad digital. La fabricación de un Estado en red, una burocracia necesaria para el funcionamiento de una hipotética república independiente en base al modelo digital que rige, por ejemplo, en las repúblicas bálticas. Esa estrategia se enreda a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Su presupuesto alcanza los 517 millones de euros.

Llegados a este punto, la vía separatista ya alcanza los 1.000 millones anuales de gasto. Pero aún hay más para engordar la factura en base a subvenciones a laboratorios de pensamiento proindependentista o al coste de las redes Diplocat, la diplomacia separatista que extiende sus tentáculos en el extranjero para ganar adeptos y comprar voluntades y simpatías hacia el proyecto indepe.

Esa internacionalización de la ruptura tiene apunte propio en las cuentas públicas catalanas con 48 millones de euros, los que destina a Acción Exterior el departamento con el mismo nombre del Gobierno catalán. Una de las últimas acciones de esta consejería fue acudir rápidamente a Cerdeña para reunirse con las autoridades públicas de la isla tras la detención del ex presidente fugado Carles Puigdemont.

Menos gasto social

Desde Impulso Ciudadano advierten que «no se entra aquí en el carácter ilegal de algunos de los gastos, el objetivo es llamar la atención sobre lo que implican para el conjunto de los ciudadanos, al retraer recursos que podrían dedicarse a bienes y servicios sociales».