ERC reclama el control de los jueces de vigilancia penitenciaria tras el 10-N para soltar a los golpistas

ERC no deja de aumentar sus exigencias a un hipotético futuro Gobierno de Pedro Sánchez. Y una de ellas, en especial, va dirigida a lograr que los presos golpistas que condenará el Tribunal Supremo a prisión puedan abandonar la cárcel de forma rápida y sin cumplir ni por lo más remoto la condena establecida por el Alto Tribunal. Esa exigencia pasar por el control autonómico de los jueces de vigilancia penitenciaria, los encargados de aplicar los beneficios penitenciarios a los presos.

ERC ya reclamó en el pasado esta competencia. Pero ahora cobra una especial importancia a la vista de que su jefe Oriol Junqueras es uno de los golpistas a los que condenará el Supremo.

La petición de los republicanos choca, además, con el bloqueo del Tribunal Constitucional a la fragmentación y cesión del Poder Judicial que ya pretendió efectuar Rodríguez Zapatero en la elaboración del Estatuto catalán. Pero, pese a ello, ERC no cesa en su intento de lograr el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. Es más, el PSOE tampoco se ha negado a este traspaso. Todo lo contrario: el propio presidente en funciones Sánchez ha admitido su deseo de recuperar la totalidad del texto del Estatuto catalán tumbado en parte por el Constitucional.

La fórmula planteada a ERC para lograr este traspaso coincide con la negociada con el PNV. Esta entrega exigiría una reforma de la legislación del Poder Judicial y debería sortear el grave problema mencionado: el hecho de que el fraccionamiento del Poder Judicial nacional ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional.

Pese a ello, el PSOE ya ha ofrecido a ERC y PNV una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Una fórmula que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria -los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles-.

El esquema base que se pretende tomar en esta negociación es el planteado ya entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto vasco. Allí los socialistas ha comunicado ya su disposición a negociar la creación de un «Consejo de Justicia de Euskadi».

Ese nuevo Estatuto vasco parte de un fuerte traspaso de competencias en materia de “gobierno de la Administración de Justicia”. Y se concreta con la “creación de un Consejo de Justicia” del País Vasco o de Cataluña, como “órgano de gobierno de la Administración de Justicia”. Un órgano en el que pretenden incluir el control de esos jueces de vigilancia penitenciaria.