ERC prepara un sistema de consultas populares con el que podrá hacer el referéndum si Sánchez se resiste

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en sede parlamentaria que “no habrá referéndum”. Lo hizo minutos antes de que el propio Gabriel Rufián se riera de su negativa y le retara con un “dijo que no habría indultos, denos tiempo”. Y un día antes de que la propia vicepresidenta Carmen Calvo no rechazara la idea de un “referéndum consultivo”. Lo cierto es que Sánchez camina bajo la presión de ERC, que prepara ya un sistema de consultas populares con el que podrá hacer el referéndum si Sánchez se resiste.

Uno de los documentos de ERC preparados de cara a las últimas elecciones catalanas recogía este mecanismo de referéndum bajo el poco disimulado título de Una república democrática con derecho a decidir.

Allí se subrayaba el denominado “horizonte república”, porque “la república catalana debe constituirse como un estado democrático y social de derecho que sea fruto del empoderamiento de una ciudadanía libre, crítica y comprometida, que vele por el bien común combatiendo las situaciones de privilegio, de dominio, de desigualdad y de discriminación. Una república de mujeres y hombres libres en igualdad de condiciones, comprometidos a construir una sociedad más justa y solidaria. La república es una oportunidad para ejercer otra manera de hacer política basada en el derecho a decidir, la participación ciudadana y la democracia deliberativa, en la que toda la ciudadanía se haga corresponsable de la república y el bien común”.

Las pautas descritas permitirían a ERC lanzar un referéndum si Sánchez se resiste a sus deseos. El esquema de los independentistas plantea “una república que, tomando como marco de referencia los Países Catalanes, sea fruto de la libre voluntad de la ciudadanía de Cataluña, Valencia, las Islas Baleares y la Cataluña Norte en su respectivo ejercicio democrático de autodeterminación”.

Todo ello, con el “derecho a decidir como fórmula de empoderamiento ciudadano para decidir a través de procesos participativos y de consultas populares todo lo que nos afecta en la vida pública de manera colectiva, libre y democrática”.

Aunque es probable que todo ello no sea necesario, porque la realidad es que el Gobierno no se cierra en banda a realizar un referéndum en Cataluña. La barrera es la Constitución: la Carta Magna prohíbe expresamente una votación vinculante que cuestione la unidad de España. Los equipos jurídicos de Moncloa trabajan ya, sin embargo, en un mecanismo que llegue al límite constitucional, como publicó hace ya dos semanas OKDIARIO.

La fórmula sobre la que se trabaja pasa por un mecanismo de ratificación popular de los acuerdos de la Mesa de Pedralbes -el foro bilateral de negociación entre Moncloa y Generalitat para definir los avances hacia el separatismo en Cataluña-.

De esa forma, defienden los impulsores de esta idea, no se trataría de una votación vinculante, tampoco tendría capacidad para contradecir la Constitución, pero podría recoger términos admisibles para los separatistas. Todo ello, eso sí, queda muy lejos de las aspiraciones puramente rupturistas y soberanistas de Junts, ERC y CUP.

Mesa de Pedralbes

La idea fue ya barajada a principios de 2020. Y partió, de hecho, de los contactos en esta Mesa de Pedralbes. En aquella ocasión, el Gobierno de Pedro Sánchez definió y aceptó, tras mes y medio de conversaciones entre los equipos del PSOE y Esquerra Republicana, comandados por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, las pautas de un acuerdo para “la resolución del conflicto político” en Cataluña.

En esa acuerdo, plasmado en folio y medio, se recogían los siguientes puntos: en primer lugar, la creación de la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político.

En segundo lugar, la aceptación de la “legitimidad de todas las
 partes y propuestas” sin “más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.
Además, se asumió un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”.

Por último, el documento se comprometía a celebrar un referéndum camuflado: “En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”.

Es más, el documento asumía ya la posibilidad forzar el límite legal de ese referéndum y señalaba que esa votación se haría “de acuerdo con los mecanismos previstos” o con los “que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Traducido: que el referéndum podrá ir más allá de lo asumido hasta el momento.