Javier Zarzalejos: «Podemos coincide con ERC y Bildu en combatir el sistema constitucional»

El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos (1960, Bilbao), se ha convertido en un referente dentro de la Eurocámara al conseguir sacar adelante su informe para el cambio de la euroorden de extradición. Ahora, los delitos de sedición y rebelión conllevarán una extradición inmediata. Zarzalejos explica a OKDIARIO estos y otros muchos temas.

Pregunta.- Usted ha sido la persona encargada de hacer el informe y defenderlo sobre la nueva euroorden que perseguirá más delitos. Dos de especial importancia para España, la sedición y rebelión. ¿Qué implica esta nueva euroorden?

Respuesta.- Bueno, pues de lo que se trata es de que el Parlamento Europeo se ha pronunciado por una futura reforma de la euroorden que incluya diez nuevos delitos en los que la entrega del sospechoso, de la persona condenada, debe ser prácticamente automática. Y entre esos nuevos delitos se encuentran aquellos contra el orden público de los estados miembros y aquellos delitos contra la integridad constitucional que, como bien decía, se corresponden con nuestra sedición y nuestra rebelión, tal y como lo contempla el Código Penal español. Es un gran avance en la apuesta del Parlamento Europeo por estrechar la cooperación judicial. Y sin duda también es un claro mensaje de apoyo a la estabilidad constitucional de todos los estados miembros.

P.- Obviamente, en derecho penal no se pueden aplicar con carácter retroactivo las nuevas leyes, pero esto sí que afectaría, por ejemplo, si como quiere la CUP en 2025, intentan hacer otro referéndum ilegal y se producen huidas otra vez.

R.- Lo que está claro es que en la Unión Europea no cabe jugar fuera de las reglas porque la Unión Europea es una comunidad de estados democráticos, y porque la Comunidad Europea es una comunidad de derecho. Y cada vez esto es más importante, y cada vez hay un foco más estricto sobre el respeto al Estado de Derecho, y el respeto al Estado derecho, su respeto a los procedimientos constitucionales. De modo que quien insista en vías unilaterales, en la desestabilización legítima de los sistemas constitucionales, pues se va a encontrar primero con el orden jurídico interno y después, naturalmente, con el rechazo de la unión.

P.- Hablando de la Justicia, qué opinión le merece la belga y la respuesta sistemática que está dando de que el Tribunal Supremo no es competente. ¿Está comprando el discurso de los independentistas?

R.- Yo creo que en conjunto, desgraciadamente, creo que tenemos un problema con la actuación de la Justicia belga en materia de cooperación judicial a nivel europeo. Es una trayectoria muy poco ejemplar, pero también es cierto que hemos conseguido remedios a esa situación, como demuestra la entrega en este mes de diciembre de la terrorista Natividad Jáuregui, que en el año 80 comete un asesinato de un jefe del Ejército y que está en Bélgica hasta el 2020, cerca de 40 años. Pero significa que los tribunales europeos, los tribunales internacionales, son una instancia que puede corregir, y que puede precisamente afirmar esos principios que desgraciadamente algunos tribunales en Bélgica se niegan a reconocer que es el de la cooperación judicial y los derechos de las víctimas.

Iglesias, desleal

P.- ¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando escuchó al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, comparar a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos?

R.- Bueno, es que el señor Iglesias es una persona muy coherente en su deslealtad, es desleal siempre, es desleal con el sistema, con el sistema constitucional y, por tanto, con las instituciones; entre otras, el Gobierno del que es vicepresidente segundo. Me parece que es una vergüenza, y no sólamente por los muchos exiliados republicanos, que sí se exiliaron por sus razones políticas, es una vergüenza que un vicepresidente haga semejante descalificación de la Justicia, cuando la Justicia ya se ha pronunciado en derecho sobre el carácter sedicioso de lo que ocurrió en Cataluña. Pero insisto, ni esto, ni lo que venga, que vendrá con toda seguridad, nos debería extrañar, pero sí nos debe preocupar. Y desde luego, hay que combatirlo democráticamente.

P.- Da la sensación de que la guerra interna dentro del propio Gobierno viene en parte supeditada a los arranques de iglesias.

R.- Sí, pero yo creo que tampoco hay que infravalorar estas cosas que se dicen desde Podemos, y que dice Iglesias. Yo creo que es muy fácil decir que esto son cosas para el consumo interno, que una vez que están en el poder, se moderan. Ya se sabe que esto es literatura, pero que luego al final no pasan de ahí. Podemos es una fuerza que no solamente pone en cuestión, sino que está combatiendo de una manera directa y desde las posibilidades que tiene, el sistema constitucional español. Y en ese sentido tiene una amplia coincidencia con lo que es Esquerra Republicana de Cataluña o con lo que es Bildu. Y ninguna de estas fuerzas están ahí y tienen como programa afianzar, ni fortalecer nuestra Constitución, sino todo lo contrario. Eso lo tenemos que saber.

P.-Desde Europa no hacen más que decirle a España que lo que están tratando de hacer es un asalto a la Justicia con el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero el Gobierno hace oídos sordos a cualquier tipo de recomendación. ¿Cómo ve estos cambios que pretende imponer el Gobierno?

R.-El Gobierno, el Partido Socialista y Podemos, saben que lo que quieren hacer, lo que quisieron hacer con la elección del nuevo procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y lo que están intentando hacer. Yo mismo vi un debate en el Congreso y no tiene cabida en el ámbito europeo. Pero además hay algo que es muy importante y es que precisamente con el caso de Polonia, tanto la Comisión, como la Comisión de Venecia o el Consejo de Europa, han ido elaborando una doctrina ya muy definida y muy acabada, sobre cómo tiene que ser el modelo de gobierno del Poder Judicial. Por tanto, podrán insistir, saben que esa es una vía cerrada, y que no sólamente es eso, sino que además es tremendamente peligroso para los intereses de España. Y estamos hablando de dinero, que el Gobierno español entre en esta deriva.

Sanción de la Unión Europea

P.-Eso es lo que le va a preguntar en el caso de que sigan adelante con este asalto a la Justicia. ¿Podría darse el caso de que la Unión Europea sancione económicamente a España?

R.-Yo, sinceramente, no tengo duda de que, si esto continúa, más de un país y más de dos, este asunto lo van a suscitar. Uno de los grandes temas que ha habido en relación con los fondos es precisamente la condicionalidad en el Estado de Derecho. Nosotros no estamos sujetos al famoso procedimiento del artículo 7 del Tratado, ni lo vamos a estar, pero el Gobierno español tiene que saber que lo que está haciendo choca frontalmente con valores, con principios, con procedimientos y con un cuadro normativo, o al menos doctrinal, muy asentado dentro de la Unión, y que intentar ir de listos con la Unión Europea en estos temas, es tremendamente peligroso.

P.-Tanto que se quejaban de la politización de la justicia, parece que al final son ellos quienes la están politizando más que nadie.

R.- Bueno, ya lo advirtió el comisario en su primer informe sobre Estado de Derecho. La idea es que en vez de seguir las orientaciones marcadas por la Comisión, se está haciendo lo contrario. Entonces yo simplemente pienso que cuando de nuevo la Unión Europea tenga que examinar cuál es el estado, la situación del Estado de Derecho en España, va a comprobar que las cosas no se han resuelto. Y había dos grandes terrenos en los que se habían puesto objeciones. Uno es el Consejo del Poder Judicial, y el otro la Fiscalía General del Estado. No solamente no se ha hecho nada, sino que se ha producido una regresión, y eso coloca a España en una situación muy comprometida.

P.- Tenemos un país donde alguien puede acostarse ministra y levantarse. Fiscal General del Estado.

R.- Es una transformación importante.