La empresa que enchufó a Jésica lanza una campaña entre sus empleados para «reforzar el orgullo de pertenencia»

Tragsatec, una de las dos empresas públicas que contrataron a Jésica Rodríguez, ex amante del ex ministro José Luis Ábalos, en el episodio que el Tribunal Supremo ha condenado por enchufismo, aprobó un plan de doce medidas para evitar que se repita. OKDIARIO ha tenido acceso íntegro a ese plan. Entre ellas figuran una campaña interna para «recuperar el orgullo de pertenencia» de la plantilla y un protocolo que obliga a rechazar los currículums recibidos «al margen del mecanismo establecido» en los procesos de selección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a la compañía a entregar el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

El Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de prisión, a su ex asesor Koldo García a 19 años, y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, sin ingreso en prisión por su colaboración con la investigación. La sentencia, dictada el pasado 22 de junio, es la primera del llamado caso mascarillas. La Audiencia Nacional ha imputado a la propia Jésica Rodríguez que en el Supremo compareció como testigo.

El Alto Tribunal ha considerado acreditado que el ex ministro «activó los mecanismos influyentes para la contratación» de Rodríguez y que «facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo».

Según ha revelado la investigación de la Guardia Civil, Jésica Rodríguez no acudió ni un solo día a su puesto de trabajo, extremo que ella misma admitió ante los jueces del Supremo. Por sus empleos en Tragsatec e Ineco llegó a percibir cerca de 44.000 euros.

Investigación que no veía ilícitos

Sin embargo, meses antes de la condena, como ha comprobado OKDIARIO, el Consejo de Administración de Tragsatec, según recoge el acta que ahora ve la luiz, ha concluido que «no existen indicios determinantes de la existencia de un ilícito penal, habiéndose cotejado este criterio con un abogado penalista externo».

La compañía, no obstante, sí decidió trasladar el expediente a Recursos Humanos «para analizar la posible adopción de medidas disciplinarias». Se desconoce si ese departamento hizo algo o nada después.

Veto a currículums

Una de las doce medidas del plan, aprobado en septiembre de 2025, establece un «protocolo de rechazo inmediato» ante cualquier currículum recibido fuera del cauce oficial de un proceso de selección.

El empleado que reciba una candidatura de forma irregular deberá, según el texto, «rechazar y no gestionar la candidatura» e «informar de inmediato a su superior y a la Dirección de Recursos Humanos y Organización». El intento deberá registrarse, además, en el canal del informante.

Aunque en el caso de Jésica Rodríguez, a diferencia de la Sala Segunda del Supremo, Tragsateca no veía ilegalidad, sí se blindan con un plan anti enchufes como el de la escort nacida en 1989 en Móstoles.

La compañía ha reforzado también el control sobre el personal destinado en oficinas de cliente, con visitas sorpresa «sin comunicación previa a los responsables de la ejecución del encargo» y un sistema de alertas que se activa cuando un empleado acumula varias irregularidades de fichaje.

El propio Plan de Acción reconoce, en sus antecedentes, la necesidad de «asegurar una correcta gestión de los procesos de selección y control de actividad de las personas contratadas», una formulación que, sin citar el caso concreto, coincide en el tiempo con la instrucción judicial sobre la contratación de Rodríguez.

«Orgullo de pertenencia»

La medida número doce, sin fecha de finalización prevista, busca «restaurar la confianza y el sentido de pertenencia de los empleados del Grupo Tragsa» a través de acciones de comunicación interna.

Entre sus objetivos figura «mejorar el clima laboral y la cohesión del equipo, generando un ambiente positivo que impacte en la productividad y la reputación interna», según el propio Plan de Acción.

La empresa ha decidido, en paralelo, modificar su Código Ético para impulsar «acciones orientadas a la recuperación reputacional del Grupo, mediante la transparencia en la gestión de incidencias y el compromiso público con los valores éticos».

La investigación destapó, además, que otra amiga del ex ministro, Claudia Montes, fue contratada en circunstancias similares en la empresa pública Logirail.

El Supremo ha vinculado ambos episodios a lo que denomina «prácticas de enchufismo en la contratación pública», derivadas del prevalimiento del cargo, es decir, del uso de una posición de autoridad para obtener un beneficio que en condiciones normales no se habría logrado.

El acceso a esta documentación no ha sido sencillo. El Consejo de Transparencia ha dictado resolución el 21 de julio de 2026, instando a Tragsatec a entregar contra su voluntad tanto el acta como el propio Plan de Acción.

El acta, sin embargo, no se ha entregado íntegra. Tragsatec ha excluido «el contenido literal de las opiniones, intervenciones y manifestaciones de los asistentes al Consejo durante la deliberación», amparándose en un criterio que el propio Supremo reserva a las sesiones no públicas de los órganos colegiados.

Doce meses después de que estallara el caso, Tragsatec ha optado por combinar el lenguaje de la auditoría con el de la autoayuda corporativa: junto a los protocolos de control horario y verificación de currículums, la empresa pública dedica una medida entera, sin plazo de caducidad, a que sus empleados vuelvan a sentirse orgullosos de trabajar en ella.