Dina y su marido trabajaron para Podemos más de 4 años tras recibir de Iglesias la tarjeta destrozada

Dina Bousselham, ex asistente del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su marido, Ricardo Sá Ferreira, siguieron prestando servicios de asesoría al partido en las instituciones por un tiempo superior a los cuatro años (al menos 51 meses entre los dos) tras volver a tener en su poder la tarjeta SD del móvil de la primera que les entregó el dirigente morado, según se desprende de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

En concreto, Bousselham trabajó durante 10 meses -entre julio de 2019 y mayo de 2020- como asesora de la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), dirigida por el podemita Santiago de Miguel Esteban. Durante este periodo, cobró 3.800 euros mensuales. La oposición ha exigido al Gobierno tripartito (PSOE, Podemos y Más Madrid) que aclare si compaginó esta tarea con la puesta en marcha del panfleto morado La última hora, que dirige oficialmente desde mayo.

Por su parte, Ricardo Sá Ferreira trabajó de «asesor» en el Congreso de los Diputados, según indica él mismo en su curriculum, entre febrero de 2017 y octubre de 2019. Este sociólogo portugués se definía entonces como «integrante del equipo del secretario general de Podemos (Pablo Iglesias) y de la Portavocía en el Congreso de los Diputados». Durante esta etapa, realizó funciones tales como preparación de ruedas de prensa, elaboración de discursos, seguimiento de las principales cuestiones legislativas, contribución a la estrategia de redes sociales o estudio de impacto en medios de comunicación. También indica que previamente había sido  «consultor» de Podemos en la Cámara baja desde enero 2016.

En octubre de 2019, Ricardo Sá Ferreira pasó a prestar asesoramiento parlamentario al grupo de Unidas Podemos en la Eurocámara, donde se encuentra trabajando a día de hoy «a jornada completa» conforme al curriculum que él mismo ha publicado.

Bousselham y Ferreira eran pareja en noviembre de 2015, cuando denunciaron el «robo» del móvil de Dina, y se casaron en 2018. En total, suman más de cuatro años cobrando de instituciones públicas gracias a Podemos tras recibir de Pablo Iglesias la tarjeta del móvil de su asesora, un momento que todavía no ha sido clarificado, pero que oscila entre el verano de 2016 y primeros de 2017, según la investigación de esta pieza separada del ‘caso Tándem’.

La propia Bousselham declaró ante el juez Manuel García-Castellón el pasado 18 de mayo que Iglesias le entregó la tarjeta de su móvil «en el verano de 2016», después de que varios medios de comunicación publicaran parte del contenido. Sin embargo, es sabido que el ahora vicepresidente del Gobierno la recibió en enero de ese mismo año de la mano del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, después de que el dispositivo electrónico hubiera llegado a la redacción de Interviú. Iglesias reconoció la pasada semana en una entrevista en radio que se quedó con la tarjeta durante un tiempo para «proteger» a su asesora.

«Sé que me la entregó en el verano de 2016 porque es cuando yo envié los correos electrónicos a la empresa tecnológica para recuperar el contenido. Es la única fecha que tengo exacta», dijo Dina en sede judicial. Sin embargo, cometió aquí un error clave; y es que esos correos que han sido aportados al juzgado no fueron enviados en la fecha señalada, sino meses más tarde, datando el primero de febrero de 2017, justo el mismo mes en que Ferreira fecha el comienza de su etapa como «asesor» en el Congreso hasta 2019, según su propio currículum.

Por ello, el instructor retiró a la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno en el caso Dina, apuntando que no se podía especificar cuánto tiempo tuvo en su poder la tarjeta el líder de Podemos.

Comisión rogatoria

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha librado una orden internacional de investigación ante las autoridades de Reino Unido para obtener datos de la empresa a la que se dirigieron Dina Bousselham y su marido para recuperar el contenido de la tarjeta de su teléfono móvil, que estaba dañada después de que el líder de Podemos se la devolviera.

García-Castellón quiere saber en qué estado se encontraba la tarjeta cuando fue remitida a las oficinas de Gales de la empresa ‘Recuperación Express’, qué técnico de la compañía la examinó y trabajó sobre ella para tratar de recuperar el contenido, así como el interrogatorio de esa persona para conocer qué actuaciones llevó a cabo. El magistrado también ha solicitado en esta comisión rogatoria la declaración del representante legal de la empresa para conocer los procedimientos que se realizan con carácter general en estos casos.

Tras la toma de contacto desde el mes de febrero de 2017, la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida con fecha de 29 de septiembre de aquel año. Sin embargo, el marido de Dina descartó finalmente llevar a cabo la reparación porque le costaba 625 euros, más IVA.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, podría haber cometido al menos tres delitos en esta pieza: revelación de secretos, daños informáticos (obstrucción a la Justicia) y fraude procesal.