Gobierno de España

Díaz acusa a policías y guardias civiles de usar un «perfil racial» a la hora de pedir el DNI a sospechosos

Sumar exige al Gobierno imponer clases de derechos humanos para acabar con estas "actuaciones discriminatorias"

Yolanda Díaz acusa policías
Yolanda Díaz.

Sumar acusa a policías y guardias civiles de usar «perfiles raciales» a la hora de realizar identificaciones. La formación de Yolanda Díaz asegura que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado piden la documentación sin que existan sospechas de actividad delictiva, únicamente basándose en la raza. De esta forma, el ala comunista del Gobierno acusa a policías y guardias civiles de llevar a cabo «prácticas discriminatorias» y exige que Interior imparta clases obligatorias sobre derechos humanos.

Concretamente, Sumar define el perfil racial en identificaciones policiales como la práctica consistente en solicitar documentación a personas basándose únicamente en su raza, etnia, nacionalidad aparente o características físicas, sin que existan sospechas razonables de actividad delictiva o infracción administrativa. «Las identificaciones policiales basadas en perfiles raciales constituyen una práctica discriminatoria que afecta de manera desproporcionada a personas pertenecientes a minorías étnicas, migrantes y comunidades racializadas en España», aseguran en una pregunta parlamentaria.

La formación de Díaz hace especial hincapié en Cataluña. «En el ámbito catalán, los datos muestran tendencias preocupantes: en relación con los delitos de odio, los Mossos d’Esquadra registraron 270 casos de delitos de odio por motivos étnicos durante 2023, y los casos de discriminación racial o por nacionalidad aumentaron un 18,9% en 2023 respecto a 2022. Los grupos más afectados son las personas de origen magrebí, subsahariano y comunidad gitana, que registran las mayores incidencias», exponen.

Para acabar con esta situación, Sumar exige al Ministerio del Interior elaborar protocolos específicos que prohíban expresamente las identificaciones por perfil racial, así como desarrollar formación obligatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre derechos humanos y no discriminación.

Cacheos a «jóvenes de rasgos latinos»

Recientemente, Sumar también acusaba a la Policía Nacional de racismo por cachear a «jóvenes de rasgos latinos» en un control aleatorio. Concretamente, se refiere a los agentes encargados de vigilar el orden público durante la fiesta de San Isidro el pasado 9 de mayo en Madrid.

La formación de Yolanda Díaz se refiere a un control aleatorio que realizaron los agentes entre los asistentes al acto, como subraya el escrito de la formación coaligada con el PSOE. Y detallan que esta intervención tuvo lugar sobre las 02:00 horas. En esa actuación, los policías escogieron al azar a diferentes ciudadanos que participaban en la fiesta.

Desde el partido de Díaz se subrayaba que «varios jóvenes que protestaron de manera absolutamente pacífica ante esta actuación policial fueron identificados». El partido magenta cree que la «actuación no parece corresponder a un protocolo adecuado y no discriminatorio de actuación policial». Como consecuencia de ello, Sumar instaba al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a «investigar los hechos» y «abrir expediente» a los agentes «que llevaron a cabo dicha actuación», así como «a los mandos policiales».

Sumar contra los cuerpos de seguridad

No es la última vez que el partido de Yolanda Díaz ha lanzado iniciativas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El partido magenta señaló hace unos días a los agentes de la Guardia Civil de servicio en las Islas Baleares por no hablar catalán. Sumar advertía al Ejecutivo de Sánchez, del que forma parte, que si la Benemérita no atiende a los ciudadanos en la lengua cooficial del archipiélago se trataría de una «infracción muy grave» que podría conllevar hasta seis años de suspensión de empleo.

Pero, además, consideraban que por no atender a una persona en catalán podría darse una «conducta discriminatoria por razón de lengua» que consideran como «falta muy grave», lo que podría conllevar la separación del servicio o la suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años.

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