El des-Gobierno del coronavirus: 8.064 muertos desde que Sánchez dijo que «empieza a estar bajo control»

La caótica gestión en la crisis del coronavirus tiene su reflejo en las cifras y la incapacidad del Gobierno socialcomunista para contar a los fallecidos por la pandemia. El virus suma, al menos, 23.302 muertos en España. Sin embargo, Sanidad contabiliza 19.478 fallecidos, ya que ignora multitud de defunciones reveladas por la Generalitat de Cataluña en residencias de ancianos y domicilios particulares. Pese a ello, desde el Ejecutivo se siguen lanzando mensajes optimistas. El pasado 9 de abril, cuando Pedro Sánchez compareció en el Congreso para solicitar la prórroga del estado de alarma, consideró que «tras una lucha agónica el incendio empieza a estar bajo control». Ese día se contabilizaban 15.238 fallecidos. Ahora son 8.064 más. 

El sistema de recuento del Ministerio de Sanidad impide conocer la verdadera magnitud de la pandemia y, en consecuencia, adoptar las medidas precisas para combatirla. Mientras el Gobierno habla abiertamente ya de la «desescalada», admite desconocer las cifras reales de la epidemia.

Este viernes se reveló el caos absoluto cuando los cálculos de Sanidad notificaron un desfase en el número de fallecidos. Se informó de un incremento de 585 entre ayer y hoy que tendría que haber sido de 348. Tampoco coincidió el número de curados, ya que el departamento de Salvador Illa informó de menos pacientes recuperados que el día anterior.

Desde Sanidad se admite ese caos. «Estamos tratando de corregir las series para que las fuentes de información sean homogéneas. Había una comunidad que nos aportaba dos fuentes de información. Los datos han sido siempre coherentes, pero en los últimos días ha habido alguna discrepancia y estamos tratando de discutir con ellos a qué puede ser debido», dijo Fernando Simón en rueda de prensa.

El descalabro en las cifras lo dejó al descubierto el cambio en el sistema de recuento de la Generalitat, que contabiliza ahora a los fallecidos en función de los datos de las funerarias. Hay hasta 3.824 fallecidos en esta comunidad que los datos del Gobierno no reflejan.

El criterio de Sanidad impide conocer las cifras reales, o una aproximación lo más fidedigna posible, de fallecidos.

Este viernes, el Gobierno emitió una orden para unificar la manera en la que las comunidades autómomas comunican sus datos, pero reiterando el criterio de que sólo podrán contabilizarse las personas infectadas y muertas si han dado positivo en una prueba, sea un test rápido o un PCR.

Es decir, de nuevo se excluye a numerosos fallecidos sin prueba diagnóstica confirmada. Como novedad, las regiones deben desagregar los casos positivos como asintomáticos o sintomáticos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió que el objetivo de la nueva orden ministerial es la exigencia de la calidad de los datos. «Entramos en una fase nueva de preparación del periodo de desescalada y necesitamos diferenciar con más precisión nuevos datos, por eso hay que discriminar positivos diagnosticado por PCR o por test de diagnóstico rápido, y los pacientes que tenían o no tenían síntomas», explicó.

Caos en el material 

A esto se añade el caos en la gestión de la compra del material. Tras el fiasco de los test fallidos, este viernes el Ministerio de Sanidad ordenó a las comunidades autónomas la retirada de una partida de mascarillas, que no cumplen con la normativa europea.

«Un par de lotes de mascarillas de un proveedor autorizado, presentaba dudas. Fueron analizadas, y un lote cumplía los requisitos y otro presentaba problemas, por lo que se ordenó su retirada», admitió el ministro Salvador Illa.

Se trata de un lote de más de 350.000 mascarillas que no protegen a los profesionales sanitarios de la posible penetración del virus.

Ese tipo de mascarillas, de alta calidad, debe tener un nivel de penetración de «material filtrante» inferior al 6%. Sin embargo, en este caso, se superó hasta el 29%.