El Defensor del Pueblo catalán también apoya que los profesores den clase con el lazo amarillo

No sólo la Conselleria de Educación, dirigida por el independentista Josep Bargalló. También el Síndic de Greuges, Rafael Ribó (el equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña), avala y justifica que los profesores den clase a los alumnos menores de edad luciendo el lacito amarillo en homenaje a los políticos golpistas encarcelados.

El jefe del departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Secundaria La Serreta de Rubí (Barcelona), Rafael Ávila, dirigió el pasado mes de mayo una queja al Departamento de Educación de la Generalitat y al Síndic de Greuges, tras constatar que media docena de profesores del centro imparten clase a sus alumnos con el lazo amarillo en el pecho. Entre ellos, el propio jefe de estudios del Instituto, Guillem Martín Martínez.

El gesto de estos profesores denota una clara intención de adoctrinamiento y manipulación política de sus alumnos, ya que se trata de un emblema que niega el régimen constitucional y deslegitima la labor de los jueces, al sostener una ficción: la existencia de «presos políticos» en España.

“Lucir un símbolo político y partidista en un centro educativo es una falta de respeto a los alumnos, a los compañeros, a la pluralidad y a la neutralidad política con la que todo funcionario público debe actuar”, había argumentado el docente que denunció estos hechos.

«No es una expresión propagandística»

En respuesta a esta queja, el Síndic de Greuges remitió el pasado día 4 al profesor Rafael Ávila un escrito, en el que afirma que es «legítimo» que los docentes den clase con el lazo amarillo porque así contribuyen a la deseable «pluralidad ideológica en el centro y entre el alumnado».

Y argumenta que el profesorado «tiene derecho a expresar una opinión respecto a temas ideológicos o políticamente controvertidos, aunque es importante que respete siempre el pluralismo y ponga de manifiesto que la suya es una de las opiniones posibles, fomentando el diálogo y respeto crítico, nunca fundamentando una expresión propagandista ni partidista».

Y eso es exactamente lo que simboliza el lazo amarillo: propaganda política –en este caso, exhibida por alguien a quien los alumnos deben ver como una autoridad– a favor de los golpistas que pretendían destruir la Constitución.

El Síndic de Greuges dice al respecto que el lazo amarillo «expresa una opinión política legítima. Por tanto, lo que podría resultar relevante es determinar si, al lucirlo un docente, afecta a la manera en que cumple con el encargo de formación y respeto de los derechos que tiene encomendado, como el trabajo de los valores y los derechos de pluralismo».

La mentira de los «más de mil heridos»

Por ello considera importante «ponderar en cada caso si mostrar estos símbolos o signos identificativos redunda en beneficio de la finalidad encomendada al centro y al profesorado en su función educativa, que siempre ha de hacer prevalecer el interés superior del niño o adolescente y su respeto al derecho a la educación y la libertad ideológica».

El Síndic Rafael Ribó se lava las manos ante la denuncia presentada alegando que «no tiene atribuidas funciones de asesoría jurídica a particulares ni puede actuar en representación de los ciudadanos en el ejercicio de acciones administrativas o judiciales».

Por último, Ribó se desentiende por completo del asunto e insta al profesor que denunció los hechos a dirigir su queja a la «administración educativa». Como ha informado OKDIARIO, tras recibir la queja del profesor Rafael Ávila la Conselleria de Educación envió al centro a un inspector para comunicarle que debe respetar que sus compañeros den clase luciendo un lazo amarillo debido a la consideración que merecen los “presos políticos». El inspector se negó a poner esta respuesta por escrito, para evitar comprometerse.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, es un independentista que ha dedicado los últimos meses a elaborar un voluminoso informe que califica de violación de los «derechos humanos» la actuación policial y de la Justicia sobre el golpe de Estado en Cataluña.

Su informe da crédito a la mentira de la Generalitat según la cual la actuación policial del 1-O provocó más de 1.000 heridos. Buena parte de estos «heridos» estaban en su casa viendo la tele y sufrieron un ataque de ansiedad al ver las impactantes imágenes repetidas una y otra vez por TV3.