El ‘Defensor del Pueblo’ catalán pide «protección» para los profesores denunciados

Rafael Ribó, Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), ha salido en defensa de los nueve profesores denunciados por la Fiscalía del instituto El Palau de San Andrés de la Barca (Barcelona). Estos magistrado están denunciados por un presunto delito de odio por humillar a los hijos de los guardias civiles tras el 1-O. Ribó ha pedido al Departamento de Enseñanza de la Generalitat que les «proteja».

«El Departamento de Enseñanza debería adoptar medidas inmediatas para proteger a estos docentes, y garantizar y evitar vulneraciones de su derecho a la intimidad y la propia imagen. A estas alturas no se tiene constancia de que la Administración educativa haya llevado a cabo ninguna actuación con este objetivo», asegura el defensor del pueblo en Cataluña en un comunicado.

A su juicio, Ribó manifiesta que la «judicialización» del caso «puede afectar a la garantía del derecho a la educación de los niños». «El clima que se genera redunda en el malestar de algunos docentes, que se sienten coartados en su libertad de expresarse libremente a la aula y ejercer la libertad de cátedra», añade la misma nota, que defiende la presunción de inocencia de los magistrados.

En este sentido, arremete contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por haber difundido los datos personales de los profesores a través de las redes sociales añadiendo «mensajes partidistas».

Arran, la asociación juvenil vinculada a la CUP, también señaló a Rivera en Twitter al difundir carteles de ‘Se busca’, como si se tratase del Salvaje Oeste, con la cara del líder de la formación naranja.

Por último, Ribó destaca que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden ser considerados «susceptibles de ser objeto de delitos de odio», debido a que esta tipificación penal está «pensada para proteger a colectivos vulnerables». «La tramitación por la vía penal del caso resulta desorbitante e inadecuada», subraya el Síndic de Greuges, al tiempo que agrega que las acusaciones se deben a una posible «finalidad intimidatoria y disuasiva del ejercicio de la libertad de expresión y cátedra».

Con los CDR y la CUP

OKDIARIO informó hace unos días que el profesor erigido en portavoz del instituto, Josep Lluís Alcázar, colabora con los autoproclamados CDR y está ligado a la formación antisistema de la CUP. Alcázar también fue candidato a las elecciones europesas de 2009 por Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), que el Tribunal Supremo llegó a anular por considerarla sucesora del entramado ETA-Batasuna.

Uno de los nueve magistrados está siendo investigado por un juez de Martorell (Barcelona). A este profesor se le imputan los presuntos delitos de discriminación y contra la integridad moral.