La defensa de Leire Díez sostiene que no tiene dinero de la trama y que también pasó información al PP, Vox y Podemos

La defensa de Leire Díez, la periodista y ex militante socialista investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho en el marco del caso de las cloacas del PSOE, ha desplegado una estrategia en varios frentes para desmontar los pilares de la acusación. La clave que era fanfarrona y fantasiosa, pero que no tenía acceso directo a Pedro Sánchez.

Según fuentes próximas a Leire Díez, las cuentas bancarias aportadas a la causa no revelan enriquecimiento alguno; la información que Leire Díez recopiló fue entregada también a personas del PP, de Vox y de Podemos —y no sólo al PSOE—, y el material incautado por la UCO en el domicilio de una amiga incluye cuadernos que no le pertenecen y que la defensa considera causa suficiente para pedir la nulidad de las actuaciones.

Díez, ex teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) por el PSOE y antigua jefa de Comunicación de la empresa pública ENUSA entre 2018 y 2021, fue detenida a finales de 2025. La causa se abrió tras la publicación de audios en los que se la señalaba como presunta artífice de un plan para desacreditar a la cúpula de la UCO, a la Fiscalía Anticorrupción y a jueces a los que les han tocado causas delicadas para Pedro Sánchez. Días después, Díez se dio de baja del PSOE.

Su defensa pasa, por el momento, por decir que de las facturas recientes que Leire ha cobrado de Gaspar Zarrías no ha quedado acreditado que sea dinero que proceda del PSOE directamente.

Además, las cuentas bancarias de Leire Díez aportadas al procedimiento son muy humildes y los indicios externos de riqueza —vehículo, viajes, propiedades— no apuntan a ningún enriquecimiento irregular. Las fuentes consultadas dicen que sería fácil de ver si Leire Díez tuviera un cochazo o hubiera hecho viajes, y aparentemente no ha sido así.

Leire Díez también quiere desligarse de una relación laboral o sentimental con el empresario Vicente Fernández, el ex presidente de la SEPI. Respecto al tercer miembro del grupo de Signal Hirouk, Antxon Alonso, la posición es que casi ni se han visto en persona.

Información a PP, Vox y Podemos

Otro argumento clave para la defensa, en aras de tumbar la idea de que Leire Díez actuaba como agente exclusivo del PSOE, es la entrega de información a otras formaciones.

Según las fuentes consultadas, entre los destinatarios figuran Francisco Martínez y Esperanza Aguirre, por parte del PP, además de personas vinculadas a Vox y Podemos. El objetivo del empresario Javier Pérez Dolset, amigo de Leire Díez, era que cada una de las personas a las que se les había investigado de forma turbia tuviera la información para que ellos se hicieran con lo que considerasen.

En este contexto, las fuentes han recordado que el famoso USB —que contenía parte de esa información que afectaba al PSOE— fue entregado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El fiscal Jesús Alonso archivó esas diligencias. No obstante, Leire Díez tiene más documentos delicados de supuestas investigaciones irregulares a miembros del PP, Vox y Podemos.

Leire Díez tratará de usar este hecho como un elemento exculpatorio: hacer ver que sus actividades no respondían a un encargo partidista, sino, en sus propias palabras, a un trabajo de investigación periodística para un libro propio. Los whatsapps y mensajes con miembros del PSOE, no obstante, le pueden traicionar.

Nulidad por el sumario

El frente donde la defensa ha concentrado mayor ímpetu en las últimas semanas es el de las posibles nulidades procesales. La UCO se ha hecho con libretas halladas en el domicilio de una amiga de Díez que contienen la letra de una tercera amiga y no la de Leire Díez. El expurgo de documentos personales, según Leire Díez, ha sido muy deficiente y ha denunciado que entre el material incautado figuran citas médicas suyas y de sus familiares.

Leire Díez también expresa su estupefacción —y la palabra no es hipérbole— por la filtración al sumario de conversaciones entre ella misma y sus abogados, incluidas anotaciones que formaban parte de la preparación de las declaraciones judiciales. Eso también sería causa de nulidad, consideran, añadiendo que dan por hecho que ha habido escuchas telefónicas incluso a abogados y consideran que luego se usará solo lo que convenga y no sea prueba ilegal. En todo caso, Leire Díez confía en la profesionalidad de las fuerzas policiales.

Choque de jueces

A este escenario se suma el conflicto de competencias entre el magistrado de Plaza Castilla Arturo Zamarriego y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El entorno de Leire Díez considera irregular que Pedraz haya seguido investigando sabiendo que Zamarriego estaba con los mismos hechos y ha apuntado que Cerdán y Zarrías declararon como testigos ante Zamarriego sin saber que, en paralelo, estaban siendo investigados, lo que podría fundamentar otra petición de nulidad.

Leire Díez quiere que la instrucción permanezca en el juzgado de Plaza Castilla. Zamarriego decidirá en los próximos días.

Igualmente, Leire Díez sostiene que la mayoría de las gestiones que impulsó no salieron adelante. Pero está a la espera de que se levante el resto del secreto sumarial. Precisamente está por ver las pruebas que atarían el reembolso de un millón de euros en comisiones ilegales.

Por delante, un mes de declaraciones claves antes de verano. El caso de la presunta fontanera de Ferraz tiene ya tantas tuberías rotas que, a estas alturas, resulta casi imposible saber quién moja a quién.