Cristina Dexeus (Asociación de Fiscales): «La ‘reforma Bolaños’ pretende dominar al poder judicial»

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, considera que la llamada reforma Bolaños de la justicia «pretende copar, dominar y hacer más débil y amable el poder judicial al Gobierno». Lo afirma en una entrevista a OKDIARIO en la que califica como «éxito muy arrollador» las movilizaciones de jueces y fiscales de esta pasada semana. Por ahora descarta una huelga indefinida, pero no, tras el verano, retomar los paros.

El Gobierno pretende rebajar la exigencia para ser juez y fiscal y anuncia la creación y consolidación urgente de 1.004 nuevos puestos. La sospecha es clara: se nombrarán jueces y fiscales menos preparados y sometidos al Gobierno. La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pretende pasar las investigaciones penales a los fiscales, entregándoles el mando de la Policía Judicial, UCO incluida.

«La amnistía es inconstitucional, pero aún queda Europa»

Para la presidenta de la principal asociación de fiscales de España, «la reforma compromete el Estado de derecho». Cristina Dexeus critica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, siga en su puesto por el «daño reputacional» que hace a la carrera. Sobre la amnistía y el Tribunal Constitucional de Pumpido cree que no se ha dicho la última palabra: «La amnistía es inconstitucional. Debemos confiar en Europa. Aún tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

PREGUNTA.- ¿Qué valoración hace de las movilizaciones de jueces y fiscales?

RESPUESTA.- Tenemos que estar satisfechos. Han dado sus frutos. Han sido seguidas de manera muy mayoritaria por las dos carreras, judicial y fiscal. Es lo que pretendíamos: una llamada de atención a la ciudadanía y a los medios y ser secundados mayoritariamente.

P.- ¿Descartan la huelga indefinida?

R.- En las fechas en las que estamos, sí. No es el momento. No descarto más adelante reanudar las jornadas de huelga. Ahora hay que reflexionar un poco, ver dónde estamos, cómo avanza el proyecto en el Congreso, que parece que está bastante paralizado, y, además, se inician en breve vacaciones por parte de muchos jueces y fiscales. Ahora sería la mejor manera de malgastar todo el éxito obtenido.

P.- ¿Qué supone la reforma Bolaños para el Estado de Derecho en España?

R.- Va en la dirección contraria a lo que exige Europa, un Estado de derecho y una democracia sana. Intenta copar y debilitar el poder judicial y hacerlo más amable al Gobierno. Se pretende abrir las carreras judicial y fiscal a un perfil distinto al actual que son personas procedentes de una extracción social media o media-baja que consigue entrar por mérito, esfuerzo y capacidad reconocida mediante un sistema objetivo de oposición. Así ya se consigue un cierto control de jueces y fiscales. Además, se pretende fortalecer aún más las funciones del fiscal general, limitar al máximo los contrapesos internos a través del Consejo Fiscal y limitar las garantías de los fiscales investigadores y dominar mucho más la carrera teniendo en cuenta que se pretende entregarnos la investigación de los delitos.

P.- ¿El Gobierno tiene prisa por controlar a jueces y fiscales para tumbar las investigaciones de corrupción?

R.- Pretende dominar al poder judicial y hacerlo débil e incapaz de ejercer sus funciones como contrapeso de los poderes legislativo y ejecutivo. El poder judicial independiente es aquel que puede velar que ninguno de los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo, retuercen o se saltan leyes o incurren en actuaciones delictivas o sanciones desde el punto de vista contencioso-administrativo. Si se rebajan los estándares de acceso a las carreras y los estándares de independencia e imparcialidad del ministerio público vamos a lo contrario: conseguir dominar desde dentro a jueces y fiscales y beneficiarse en los delitos de corrupción.

P.- ¿La reforma del Gobierno busca beneficiarse en las investigaciones de corrupción?

R.- Es un Gobierno acosado por muchas causas penales por supuestos delitos de corrupción. No es el mejor momento para reformas de tanto calado. Por ejemplo, la atribución de la investigación penal al fiscal después de décadas hablando de ello. No se me ocurre peor momento para hacerlo. Estas reformas requerirían un pacto de Estado por la justicia de los dos grandes partidos y de sosiego, tranquilidad y reflexión. Esto no se compadece con las prisas y la emergencia del poder ejecutivo.

P.- ¿Qué sienten viendo procesado al fiscal general?

R.- El fiscal general del Estado debió dimitir cuando el Tribunal Supremo asumió su caso. Debió dejar el cargo para dedicarse a la defensa de sus intereses. Compatibilizarlo no ha hecho más que arrastrar a la carrera por una pendiente horrorosa donde la credibilidad de la institución está quedando en entredicho de manera constante y aun cuando se actúe de la manera más pulcra y cuidadosa en cualquier procedimiento de los que nos vienen a la cabeza. La posición del fiscal general siembra la duda en la actuación del resto de los compañeros. Debería haber abandonado sus funciones y no llegar al punto en el que veremos, posiblemente, al fiscal general sentado en el banquillo con un fiscal asumiendo su defensa mientras otros ejercen la acusación. Es una situación insólita, no prevista y no regulada. Tampoco, sorprendentemente, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se pretende aprobar recoge la posibilidad del cese del fiscal general cuando esté siendo investigado por el Tribunal Supremo. Debería hacerlo, pues sumerge a la institución en una crisis reputacional sin precedentes.

P.- Van a tener reuniones en Europa, que va muy lenta con España. ¿Podemos confiar en la Unión Europea?

R.- Debemos confiar en Europa. Yo soy europeísta convencida. Y es verdad que tiene sus tiempos. Imagino que la diplomacia europea también estará funcionando. Nosotros vamos a dar el grito de alarma y poner el foco de atención en las reformas que se están pretendiendo llevar a cabo en España, que comprometen el Estado de Derecho.

P.- La imagen de jueces y fiscales de España manifestándose en el Supremo llamó la atención de la prensa internacional

R.- Sí. Es sorprendente la situación en la que estamos. Por eso las medidas que hemos adoptado las cinco asociaciones convocantes han sido también muy excepcionales. Nunca habíamos hecho una concentración y elegimos el Tribunal Supremo por ser un lugar emblemático. Tuvimos un éxito muy arrollador. Tres jornadas de huelga, hasta ahora, tampoco había sido lo habitual. Muy excepcionalmente habíamos hecho una jornada de huelga. Ha sido un éxito muy llamativo y relevante.

P.- ¿El Tribunal Constitucional con Pumpido se está extralimitando por ejemplo, en la ley de Amnistía?

R.- Nosotros hemos puesto de manifiesto reiteradas veces con argumentos jurídicos que la ley de Amnistía no es constitucional. El Tribunal Constitucional, con una mayoría muy ajustada, ha decidido lo contrario. Veremos. Hay pasos todavía que recorrer y habrá que ver qué ocurre en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que no ha acabado todavía esta cuestión de la amnistía.

P.- Pero, ¿el Gobierno ha asaltado el Constitucional?

R.- El Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional al uso. Tiene una forma diferente de constituirse y, por tanto, la politización es más evidente y las respuestas ad hoc a los intereses partidistas son más fáciles. Hay que distinguir los tribunales jurisdiccionales que llegan hasta el Supremo del Tribunal Constitucional.

P.- Pero sus decisiones les obliga a ustedes

R.- Evidentemente nos obligan, pero, insisto, está Europa todavía.