Los correos de Jové revelan su nexo con la CUP y la logística y gastos del 1-O

La Guardia Civil ha concluido en el análisis que ha realizado de los correos de Josep Maria Jové, el ex número dos de Oriol Junqueras (ERC) en la Conselleria de Economía, que este exalto cargo del Govern fue el «nexo de unión» entre diversos actores políticos, entre los que destaca a miembros de la CUP, así como que controló la logística y gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado.

En el informe de 210 correos de Jové con fecha de 19 de marzo de 2018, al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Judicial de Catalunya explica al juez de instrucción número 13 de Barcelona que Jové gestionó también la contratación de «refuerzo de personal» para el registro de catalanes en el exterior en una estrategia para consumar la independencia de Catalunya que «estaba, efectivamente, ejecutando».

De hecho, la Guardia Civil sostiene que tanto el registro de catalanes en el exterior -entregado en mano en un lápiz de memoria encriptado- como la última versión del registro de población de Catalunya, con fecha de referencia de 1 de abril de 2017, se pudo haber creado la base de datos censal utilizada para el 1-O. La persona encargada de la gestión de estas bases de datos fue Daniel Gimeno, jefe de Gabinete Técnico de la Conselleria de Economía.

Jové también controló las contestaciones del Govern con evasivas a los requerimientos del Ministerio de Hacienda y fue «puntualmente informado de los operativos y de las actuaciones de la Guardia Civil en Catalunya directamente por el secretario general de Interior, César Puig». Puig fue el jueves procesado en la Audiencia Nacional junto al ex jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y el ex director de la policía catalana Pere Soler por los delitos de sedición y organización criminal.

«Se desprende», concluye la Guardia Civil del análisis de los correos de Jové, a quien también incautó el documento EnfoCATS y la agenda Moleskine, «que había trazado una línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia, impulsando la hoja de ruta y las denominadas estructuras de Estado a través, al menos, de tres leyes: la ley de transitoriedad, la ley de seguridad social y la ley de la Hacienda».

El Instituto Armado lo vincula al plan para el voto electrónico y la inserción de publicidad y con el interés de ERC de conseguir puestos de responsabilidad en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), «un instrumento estratégico» en las elecciones en Catalunya. «Se pretendió utilizar la nave anexa al CTTI como centro de datos durante el referéndum del 1-O; no obstante, la misma fue precintada por la Guardia Civil», recuerda.

Contactos con Gabriel y Boya

Los agentes relatan que los correos de Jové revelan sus continuas comunicaciones con dirigentes de la CUP como Mireia Boya y Anna Gabriel, que se encuentra actualmente en Suiza para evitar su personación en el Tribunal Supremo.

«Desde la CUP le propusieron una serie de medidas para poder desarrollar el proceso constituyente», indican los investigadores, que analizan por ejemplo un correo del 21 de diciembre de 2016 en el que Jové trataba con las citadas diputadas el trabajo sobre la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno (OMIA).

El informe concreta que Jové había recibido un informe de Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda, en el que se presupuestaba la creación de estructuras de Estado con un coste de 51.078.456 euros, incluyendo «los módulos de IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales».

Jové y Salvadó, investigados por el Juzgado 13 de Barcelona por los delitos de sedición, desobediencia y malversación, eran altos cargos de Economía cuando esta Conselleria manejó «un informe de política monetaria y creación de un Banco Central», según recuerda la Guardia Civil.

«Jové fue informado puntualmente de los trabajos que HP estaba realizando para el Gobierno de Flandes en relación a la implantación de soluciones tecnológicas de hacienda y seguridad social», indica la Guardia Civil. Esa información le llegó de varias fuentes, entre ellas, del exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, quien «le propuso una reunión para hacer un seguimiento del proyecto de HP para la hacienda propia».

Los investigadores mencionan el hallazgo en el correo de Jové de otros documentos, destacando el denominado «protocol_seguiment_v2″ que contiene un plan de trabajo con los compromisos para crear el Estado catalán, y que llevaba por título ‘Estamos preparados. Actividades dirigidas a la creación de un Estado catalán y a garantizar el funcionamiento durante la etapa inicial».

Un plan, dice la Guardia Civil, que pretendía «facilitar la coordinación entre los departamentos y la supervisión y el seguimiento de las actividades y las medidas validadas».

La interventora sigue sin denunciar

El informe del Instituto Armado recuerda que en los correos de Jové se refleja una reunión «al máximo nivel» el 21 de abril de 2017 para garantizar que todos los altos cargos de la Vicepresidencia de Economía, incluida la interventora Rosa Vidal Planella, «mostrasen su compromiso con el referéndum».

Jové tuvo «puntual conocimiento de todos y cada uno de los certificados que se emitieron desde Vicepresidencia para dar contestación a los requerimientos del Ministerio de Hacienda, certificados de los que se dio oportuna cuenta a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal Planella».

La Guardia Civil se pregunta por qué esta interventora aún no ha activado ningún procedimiento para denunciar la intención de gastar 2,2 millones de euros sin IVA en anunciados del 1-O relativos a lo que llaman «campaña civisme», así como «el intento de cobro de al menos» 238.965,37 de la empresa Unipost, que emitió facturas por este valor vinculadas a tarjetas censales, certificados y notificaciones relacionadas con el referéndum ilegal a cargo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.