El coronavirus vuelve a entrar en las residencias: ya han fallecido más de 27.000 usuarios

Las residencias vuelven a ser uno de los lugares con más incidencia de coronavirus. Los brotes de COVID-19 han vuelto a entrar en los centros donde vive el colectivo más vulnerable al virus: los ancianos. Desde que comenzó la pandemia ya han fallecido más de 27.000 usuarios.

La situación es complicada en residencias de regiones como Aragón, donde el Departamento de Sanidad del Gobierno regional indicó el 6 de agosto que el número de residencias de personas mayores con casos activos ascendía a 52, con 469 personas infectadas, de las que 315 son usuarios y 154 profesionales.

De los residentes, 64 se encuentran hospitalizados y se han registrado 14 fallecidos desde principios del mes de julio, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

En la actualidad, el 75% de los casos positivos por la COVID-19 en este tipo de establecimientos se concentran en siete residencias de Aragón. Asimismo, en 33 de los 52 centros de mayores afectados se han registrado menos de tres casos.

Preocupa especialmente la evolución de la residencia de Burbáguena, en la provincia de Teruel. El brote de coronavirus suma un total de 77 contagios en este centro, con seis personas fallecidas, según los datos actualizados a las 12.00 horas del 6 de agosto.

En la Comunidad de Madrid el foco está en el brote de la residencia San Marcos de San Martín de la Vega, que contabiliza 52 contagios de coronavirus y dos fallecidos, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo ha detectado dos brotes nuevos en dos residencias de ancianos de Baleares, uno en La Bonanova, en Palma, y otro en Seniors Inca, en la misma localidad.

Según ha detallado este miércoles la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en rueda de prensa, en las residencias de mayores se considera brote con un sólo caso positivo por su condición de vulnerabilidad, mientras que para el resto de instituciones o lugares se necesita tres casos positivos para considerarse un brote.

Varias comunidades autónomas ya han decretado el cierre de entrada y salidas y la anulación de visitas de familiares. Es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana o Cataluña, región en la que 16.791 ancianos de residencias han dado positivo, de las que 6.342 han muerto y 38 se encuentran actualmente ingresadas, a 7 de agosto.

También la Diputación de Soria ha prohibido las visitas a las residencias de ancianos de San José en El Burgo de Osma y Nuestra Señora de los Milagros en Ágreda «ante un posible rebrote».

En Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad ha determinado que los usuarios de las residencias de la región podrán salir exclusivamente al domicilio familiar y por un periodo mínimo de 10 días naturales y máximo de 8 semanas, en tanto dure la situación originada por la crisis sanitaria del Covid-19.

En una comparecencia el pasado lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmó que no considera necesario implementar «más medidas de las que ya están previstas» en las residencias de mayores frente al Covid-19.

En este contexto, Gobierno central, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordaron el pasado 4 de agosto la aplicación de un Plan de Respuesta Temprana en el ámbito de los centros sociales residenciales.

Asimismo, en una reunión telemática, acordaron la sistematización del contenido mínimo de todos los planes de contingencia de los que deben disponer los centros sociales residenciales conforme al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, a través de la elaboración de una ‘Lista de Verificación de los Planes de Contingencia de los Centros Residenciales’.

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), Cinta Pascual, avisa de que la situación es «complicada» en algunas CC.AA., mientras que es «mucho mejor en otras». «Yo creo que, en general, estamos más preparados para los rebrotes», asegura a Europa Press.

No obstante, Pascual insiste en que hay autonomías que «no han hecho los deberes» y observa actuaciones «reprobables» de Gobiernos autonómicos en relación con las residencias. Así, se muestra «tremendamente preocupada» por que la respuesta de ciertas autonomías sea «más normas sancionadoras, decir que los trabajadores son los vectores». «Ya está bien», concluye.