La Fiscalía sale al rescate de Sánchez y pide archivar el caso de su hermano acusado de cuatro delitos

El Ministerio Fiscal ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación que se sigue contra el hermano imputado de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por su enchufe en la Diputación de Badajoz.

En un escrito de más 100 páginas, la Fiscalía ha salido al rescate de los intereses del jefe del Ejecutivo y ha recurrido el procesamiento que acordó la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tanto para David Sánchez como para el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y otros investigados en esta causa.

En concreto, la fiscal justifica esta petición en la «ausencia de indicios racionales de criminalidad» por parte de los investigados, y considera que no es necesaria la apertura de juicio oral en este caso. «Es absurdo prolongar el proceso» que está «condenado al fracaso», llega a decir la representante del Ministerio Público en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico.

«El hecho de ser el hermano del presidente del Gobierno de la Nación no permite subsumir cualquier propuesta, observación o recomendación que aquél pudiera realizar en el delito de tráfico de influencias. En el presente caso, sin embargo, no consta que realizase sugerencia alguna. Mucho menos que ejerciera la presión moral exigida por el tipo penal», sostiene la fiscal Begoña García Boró.

Asimismo, la representante del Ministerio Público acusa a la juez Biedma de que «su conclusión incriminatoria se sustenta en conjeturas e hipótesis que, si bien pudieron ser consideradas suficientes para justificar la incoación del procedimiento, no cuentan -ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal- con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez».

Por su parte, las acusaciones populares –Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa— han presentado una contundente acusación contra Sánchez ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El documento acusa a once personas por supuestas irregularidades en la contratación y posterior protección institucional de David Sánchez.

En concreto, estas acusaciones solicitan para el músico tres años de prisión –dividida en dos penas de 1 año y 6 meses cada una, por los delitos de aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y colocación irregular de personal público–, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años, una multa económica que podría exceder los 130.000 euros y la devolución completa de todos los salarios públicos percibidos desde su contratación en 2017 con intereses.

El escrito de las acusaciones populares solicita penas de prisión para nueve de los once acusados. Junto a David Sánchez Pérez-Castejón aparece Miguel Ángel Gallardo para el que se solicita tres años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias. Mientras que para Luis María Carrero, Juana Cinta, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Manuel Candalija se pide 1,5 años de prisión a cada uno por delitos relacionados con tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Para otros tres empleados de la Diputación no se solicitan penas de prisión, sino únicamente inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 15  años y multa de seis meses. Además, se solicita la nulidad de las convocatorias de los puestos y la anulación de los contratos de trabajo.

Una «colocación orquestada»

Para las acusaciones populares, lo que hubo fue una «colocación a dedo cuidadosamente orquestada» en la Diputación de Badajoz. De esta manera, sostienen que David Sánchez accedió a un puesto de alta dirección específicamente creado para él, y que nunca desempeñó adecuadamente sus funciones. Según el relato judicial, su asistencia al trabajo fue «esporádica, casi inexistente y sin justificación válida».

El caso se remonta a octubre de 2016, cuando David Sánchez se encontraba desempleado. Las acusaciones afirman que en ese momento altos responsables de la Diputación comenzaron a diseñar un puesto bajo la denominación de «coordinador de actividades de los conservatorios». Una plaza que no respondía a necesidades reales del servicio, sino que buscaba proporcionar empleo al hermano del presidente del Gobierno.

Además, las bases de la convocatoria se publicaron apenas dos días después de solicitar la cobertura «urgente» del puesto, sin exigir titulación superior en música y sin un tribunal técnico objetivo.

El único filtro fue una entrevista oral, con criterios de valoración aparentemente ajustados a las competencias específicas de David Sánchez, como la dirección de orquesta, aunque solo había ejercido esta función en cinco ocasiones durante varios años. Todo ello viene avalado por numerosos correos electrónicos y testimonios que demuestran que el proceso de selección fue meramente formal.

Las acusaciones remarcan que David Azagra -como se hace llamar el hermano de Sánchez a nivel artístico-  nunca ejerció correctamente las funciones para las que fue contratado, y que utilizó su cargo para desarrollar proyectos personales, principalmente la iniciativa Ópera Joven, que ocupaba la mayor parte de su tiempo.