La Consellería envía cartas a los centros valencianos para obligarles a impartir más valenciano

La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana está enviando cartas a varios centros para obligarles a implantar aquellos itinerarios que, de acuerdo al Decreto del Plurilingüismo, contemplan más horas de enseñanza en valenciano. 

Aunque el mencionado Decreto recoge que será el consejo escolar de cada centro-por mayoría de dos tercios-el que deba decidir la lengua en la que mayoritariamente se imparten sus asignaturas, en la práctica se ha comprobado que no es así.

Colegios, como La Condomina (Alicante), han recibido en los últimos días una carta de la Consellería en la que se les obliga a impartir más horas en valenciano, pese a lo aprobado en el consejo escolar. La carta viene firmada por la jefa del Servicio de Educación Plurilingüe, Elsa Vilalta Fonfría, y en ella se indica que «se han producido ciertas dificultades en la elaboración de la línea del Programa Lingüístico de Centros (PLC) ya que, por un error de cálculo del sistema, apareció asignado temporalmente un nivel Básico 2 (castellano, valenciano y una asignatura en valenciano) en lugar del nivel Intermedio 1 (castellano, valenciano y dos asignaturas en valenciano), que es el que le corresponde según el programa que actualmente tienen autorizado el centro». Esto es, la Generalitat asigna una equivalencia entre el nivel que actualmente imparte cada centro y el que, según el Decreto, se aplicará a partir del próximo curso.

Como ya informó OKDIARIO, varios centros denunciaron que el propio sistema informático en el que los centros debían informar a la Generalitat bloqueaba la posibilidad de elegir ese nivel, obligando así a adoptar un itinerario con más horas en valenciano.

Otros centros han denunciado que la Consellería les sitúa automáticamente en el nivel Básico 2, en lugar del 1-toda la enseñanza en castellano, excepto la asignatura de valenciano-como era decisión del consejo escolar.

Varios padres han mostrado además su indignación porque en algunos centros están acogiéndose a la opción que les permite impartir toda la enseñanza en valenciano en el nivel de Infantil a niños que no lo hablan.

Esto ocurre en el caso de los centros que optan por el nivel Avanzado-el que prima la enseñanza en valenciano frente a las horas de castellano- para los que el Decreto establece que «los centros con alumnado mayoritariamente no valenciano-hablante podrán aplazar la incorporación del castellano como área hasta el primer curso de la Educación Primaria».

El modelo lingüístico que trata de imponer el Gobierno tripartito ha generado un profundo malestar entre los padres, sobre todo porque los niveles vinculan las horas que se imparten en inglés a las de valenciano: así, los alumnos de los centros que elijan el denominado nivel Avanzado-1 y 2-recibirán más horas en valenciano y lengua extranjera, en detrimento del castellano. Solo los estudiantes que hayan seguido estos itinerarios recibirán al término de sus estudios el certificado B1 de inglés. 

El modelo establece seis niveles Básico 1, Básico 2, Intermedio 1, Intermedio 2, Avanzado 1 o Avanzado 2, en función de las horas en castellano y en valenciano. En el nivel Básico se predomina el castellano, mientras que en el Avanzado los alumnos reciben todas las clases en valenciano, excepto Castellano y otra materia no lingüística.

Recursos contra el Decreto

El Decreto ha sido objeto de numerosos recursos en las últimas semanas. El último, del sindicato ANPE, por considerar que vulnera el derecho a la educación y la igualdad al establecer «agravios comparativos en función de la modalidad escogida por el centro».

El sindicato solicita medidas cautelares para suspender la aplicación del Decreto, aprobado el pasado 7 de febrero, y denuncia la coacción al profesorado en la elección del modelo lingüístico.

Así, destaca que la norma rompe la libertad de cátedra de los profesores: «les obliga a utilizar en concreto el castellano, el valenciano o el inglés en una materia obviando el criterio pedagógico del docente».

El sindicato también considera que el Decreto vulnera la autonomía de los centros porque deben escoger un modelo a partir de cierto nivel que la Administración «les impone», impidiendo además «retroceder de nivel en un futuro y estando supeditados a las adscripciones»

Además, los servicios jurídicos del Ministerio de Educación estudian también la posibilidad de que pueda resultar inconstitucional, al discriminar a quienes prefieren educarse en castellano.