Compañeros del policía que murió con Covid tienen que pagarse PCRs porque Marlaska no se las hace

24 horas. Eso es lo que ha tardado el Ministerio del Interior en intentar enmendar un error descomunal por el que se le han podido colar un número indeterminado de positivos en Covid 19 a través de sus propios agentes de policía destinados durante dos semanas en las Islas Canarias para gestionar la avalancha de inmigración ilegal que deja un saldo de más de 23.000 ilegales llegados hasta las costas canarias en el 2020. Recordar esta cifra no es algo gratuito, y enseguida van a entender por qué. Por cierto, intentar enmendar un error no siempre supone conseguirlo y, una vez más, Interior ha demostrado no estar a la altura de los policías a los que representa.

Antonio Martín, el agente de 51 años de la Unidad de Intervención Policial de Málaga que falleció hace solo unas horas, prestó servicio desde el 16 hasta el 30 de diciembre en Gran Canaria, concretamente en el muelle de Arguineguín y en el campamento para alojar inmigrantes ilegales de Barranco Seco. El policía viajó en todo momento con 5 agentes más en la furgoneta donde prestaba servicio y durmió todos los días con uno de esos compañeros, siempre el mismo, que, por cierto, también ha dado positivo en Covid.

Pues bien. Tanto Antonio, como su compañero, como los otros cuatro agentes y los casi 40 restantes que formaban el dispositivo, dieron negativo al llegar de Canarias en una prueba de antígenos. Si la prueba falló con al menos dos agentes, que se sepa, ¿no sería prudente hacer test PCR a todo el dispositivo formado por apenas 45 policías? Pues no. OKDIARIO ha confirmado por fuentes policiales que no se practicarán más pruebas además de las ordenadas a quienes tuvieron estrecho contacto con el agente fallecido y su compañero contagiado. De hecho este periódico ha confirmado que algunos de estos policías se ha pagado de su propio bolsillo pruebas PCR en laboratorios privados. ¿Y sus familias?, ¿sus amigos? Uno de los compañeros de Antonio ha estado en contacto con 12 personas desde que volvió de Canarias. Esa docena de familiares están pendientes de saber si se han contagiado.

¿A qué puede deberse que Interior se niegue de forma tozuda a realizar PCR a sus agentes? Y ni siquiera hablamos de todos los policías, sino de aquellos que han estado expuestos, y parece que pasar 15 días prestando servicio en Arguineguín y Barranco Seco bien podría suponer un servicio de riesgo. Sin embargo, lo que Interior no dice es que no hace más PCR porque no los tiene, tal y como reveló en su momento OKDIARIO. Interior apenas ha comprado desde marzo 8.000 test PCR que cubren una parte anecdótica de la totalidad de la plantilla policial.

Por eso toca ahora recuperar esa cifra que anunciábamos importante. Los más de 23.000 inmigrantes irregulares llegados a Canarias durante el año 2020. Como no puede ser de otra manera la llegada masiva de estos inmigrantes hizo necesaria la activación de un protocolo especial que poco a poco fue adaptándose a la situación conforme empeoraba. ¿Y qué decía ese protocolo? Que era necesario hacer pruebas diagnósticas PCR a los inmigrantes irregulares llegados por mar a Canarias por haber estado expuestos a contagio durante la travesía y por no poder establecerse la seguridad sanitaria en sus países de origen. Exigir PCRs a los inmigrantes ilegales es prudente porque ayuda a mantener a raya a la pandemia, eso es innegable, pero negarle esa prueba a los policías que ayudan, atienden y trasladan a esos mismos inmigrantes ilegales es mucho más difícil de calificar. Por si hay alguna duda de lo anterior, el pasado 2 de julio el consejero socialista del gobierno canario Julio Pérez explicó públicamente que “a todos los inmigrantes se les hace la PCR, se les somete a un periodo de cuarentena y, en caso de dar positivo, se les aplica el protocolo sanitario de aislamiento”. Pero a los policías no.

Durante las próximas horas se sabrá si entre los familiares de los cinco agentes compañeros del policía fallecido hay algún positivo en Covid. Hasta que eso se sepa científicamente a la familia de Antonio le espera otro viacrucis. ¿Un agente fallecido contagiado por Covid tras pasar dos semanas en contacto con inmigrantes ilegales debería considerarse un agente caído en acto de servicio? La lógica dice que sí, la práctica es que si su familia quiere ese reconocimiento tendrá que pelearlo con la Administración y con Interior. De ello dependerá que la viuda y los dos hijos de Antonio tengan una pensión a la altura de un agente que ha muerto cumpliendo órdenes.