La 'caja B' de Podemos

La comisión anticorrupción del Congreso que evita Iglesias y preside Errejón no se ha convocado en 7 meses

El PP ya ha solicitado hasta tres veces y sin éxito que el líder de Podemos rinda cuentas en este órgano

Bolivia confirma el papel clave de Errejón en los pagos de Morales a Podemos

Pablo Iglesias Podemos
Pablo Iglesias (c), Íñigo Errejón (d) y Juan Carlos Monedero.
Segundo Sanz

La Comisión anticorrupción del Congreso de los Diputados que preside el cofundador de Podemos y líder de Más País, Íñigo Errejón, no se ha convocado en siete meses, es decir, no ha celebrado ninguna reunión plenaria en la Cámara baja desde su constitución el pasado 13 de febrero.

Pese a acumularse los problemas de Podemos con la Justicia tanto por la presunta ‘Caja B’ del partido como por el caso Dina-Iglesias, ningún miembro de la formación morada ha sido llamado a esta comisión para rendir cuentas. Ni siquiera su tesorero, Daniel de Frutos, como en anteriores legislaturas.

Precisamente, el Partido Popular ya ha solicitado hasta tres veces que el líder de Podemos, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, comparezcan en este órgano, pero ninguna de tales iniciativas ha prosperado.

La primera fue para que explicara los vínculos de Podemos con la consultora Neurona, investigada por las autoridades bolivianas por delitos de corrupción y ahora bajo la lupa de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que aprecia aquí indicios de falsedad documental y fraude electoral. PSOE y Podemos tumbaron esta petición en febrero en la Mesa del Congreso diciendo que era un asunto ajeno al control parlamentario del Gobierno.

La segunda iniciativa fue rechazada el pasado julio también por la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Podemos tienen mayoría, con el argumento de que el caso Dina-Iglesias que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón es un «asunto privado» que no guarda relación con las funciones del líder morado en el Ejecutivo.

En este caso, los populares solicitaron que Iglesias acudiera a la citada ‘Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales’ para explicar por qué retuvo durante meses la tarjeta SIM a su ex asesora en el Parlamento europeo Dina Bouselham, así como la connivencia de sus letrados con el fiscal Ignacio Stampa. El PP también quería que Iglesias aclarara por qué concurrió a las elecciones como víctima de una supuesta operación parapolicial contra él y su partido cuando todo fue un montaje de la cúpula morada, como ha revelado el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.

Podemos, imputado

Y el tercer intento de los populares se produjo hace unas semanas tras ser Podemos imputado como persona jurídica por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, por los presuntos delitos de malversación y administración desleal a raíz de una denuncia de Calvente. Además, el instructor imputó a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de campañas y estrecho colaborador de Pablo Iglesias, así como al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

A esta petición del Grupo Popular también se sumó Ciudadanos. Sin embargo, la Mesa de la Cámara atendiendo un informe de los letrados acordó que esta posible comparecencia no fuera en la Comisión anticorrupción sino en la de Asuntos Sociales, que es la que sigue al Ministerio que dirige el líder de Podemos.

Esta solicitud -junto a otras dos para que compareciera en el Pleno- fue debatida el pasado martes en la Diputación Permanente, pero no salió adelante por el voto en contra del PSOE, que salvó a su socio de Gobierno tras un intenso debate interno en las filas socialistas. El diputado del PSOE Felipe Sicilia esgrimió que rechazaban la comparecencia de Iglesias sobre la presunta financiación ilegal de Podemos porque ahora «corresponde a la Justicia aclarar» este asunto.

Fue el mismo PSOE, de la mano de Podemos, el que puso a Íñigo Errejón al frente de esta Comisión anticorrupción el pasado febrero en el arranque de la legislatura dentro del reparto de presidencias de comisiones con sus socios de investidura.

107.600 euros anuales

Tal y como publicó OKDIARIO, el cofundador de Podemos y líder de Más País percibirá 107.600 euros al año en esta nueva etapa en el Congreso. A su salario base como parlamentario, hay que sumar los correspondientes pluses compatibles por ser portavoz adjunto del Grupo Plural en la Cámara baja y presidente de la Comisión anticorrupción, cargo para el que fue elegido el pasado 13 de febrero por la mayoría de PSOE, Podemos, nacionalistas y separatistas en este órgano.

Resulta especialmente significativo que Errejón haya sido puesto a presidir la Comisión parlamentaria que debería investigar la financiación del partido morado desde narcodictaduras, algo en lo que él mismo está implicado, según ha denunciado el actual Gobierno de Bolivia.

La Fiscalía General de Bolivia ha constatado el papel clave y predominante de Íñigo Errejón en las relaciones de Podemos con el anterior Ejecutivo. El ahora líder de Más País se convirtió en el enlace necesario entre Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Pablo Iglesias y el ministro de Justicia de Evo Morales, Héctor Arce. Bolivia sostiene que desde allí y en época de Morales salió dinero con un destino -la cúpula de Podemos- y un propósito -impulsar un partido de extrema izquierda que abriera una punta de lanza del populismo entre los grandes países de Europa-.

La figura de Errejón como presidente de esta Comisión anticorrupción será siempre un freno a las iniciativas que presente la oposición para esclarecer dicha financiación ilegal y solicitar documentación a países como Bolivia, Ecuador o Venezuela.

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