Errejón cobrará 107.600 € como presidente de la Comisión Anticorrupción y portavoz en el Congreso

El líder de Más País percibirá pluses compatibles por sus dos principales funciones en la Cámara baja

Errejón, el de la beca black y la financiación boliviana, presidirá la Comisión Anticorrupción del Congreso

Errejón cobrará 107.600 € como presidente de la Comisión Anticorrupción y portavoz en el Congreso
Errejón presidiendo la Comisión Anticorrupción del Congreso en su constitución.

El cofundador de Podemos y líder de Más País, Íñigo Errejón, cobrará 107.600 euros al año en su nueva etapa en el Congreso de los Diputados. Y es que este politólogo (Madrid, 1983) percibirá, además del salario base como parlamentario, los correspondientes pluses por ser portavoz adjunto del Grupo Plural en la Cámara baja y presidente de la Comisión Anticorrupción, cargo para el que fue elegido este jueves.

La mayoría de PSOE, Podemos, nacionalistas y separatistas en la Comisión de ‘Calidad democrática, contra la corrupción y para las reformas institucionales y legales’ de la Cámara baja ha aupado a Errejón a la Presidencia de la misma. Y ello, pese a verse salpicado por polémicas como la de su beca black en la Universidad de Málaga o la financiación de Podemos a través de dinero procedente de Bolivia.

Por ostentar el cargo de presidente de la Comisión Anticorrupción, Errejón cobrará un plus mensual de 1.516,76 euros en concepto de gastos de representación. Una cuantía a la que hay que sumar los 1.509,67 euros de gastos de representación y 701,99 de libre disposición que percibirá mensualmente (14 pagas) como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural, integrado por JxCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, Teruel Existe y BNG. Se da la circunstancia de que tales pluses (el de presidente de Comisión y el de portavoz adjunto de grupo parlamentarios) sí son compatibles actualmente conforme a la normativa vigente.

Luego, Errejón cobrará todos los meses un salario base (asignación constitucional) de 3.041 euros, con la subida del 2% ya incluida. Aquí también son 14 pagas. Y en última instancia, como diputado electo por Madrid, el líder de Más País también tiene derecho a una indemnización de 917,03 euros mensuales para gastos de manutención, según consta en el Régimen económico de los diputados.

Tres salarios mínimos

El ex dirigente morado tendrá que cumplir el código ético de su actual partido y donar la parte sobrante tras ingresar tres salarios mínimos (950 euros), o lo que es lo mismo, 2.850 euros brutos mensuales (39.900 al año). Es decir, Errejón deberá donar a Más País, ahogado por las deudas tras el fiasco del 10-N, y su entorno alrededor de 67.700 euros al año.

Según consta en la carta financiera de Más País, «todos los cargos electos y los de libre designación a través de esta candidatura se comprometen a limitar su sueldo. Éste no será mayor a 3 salarios mínimos interprofesionales (SMI) en 14 pagas. El restante será destinado a las plataformas ciudadanas, fuerzas políticas de referencia o iniciativas y proyectos impulsados desde la sociedad civil que mejoren la vida de los ciudadanos de nuestro país, en función de los acuerdos que se establezcan reglamentariamente», reza en el citado código ético.

El cofundador de Podemos va a presidir así la Comisión que debería investigar la financiación del partido morado desde narcodictaduras, algo en lo que él mismo está implicado, según ha denunciado el actual Gobierno de Bolivia. Pero su llegada a la Presidencia de dicha Comisión, de la mano de PSOE y Podemos, supondrá un freno a las iniciativas que presente la oposición para esclarecer dicha financiación ilegal y solicitar documentación a países como Bolivia, Ecuador o Venezuela.

Caso Neurona

De hecho, el PP ya ha pedido la comparecencia de Iglesias en esta Comisión para que explique los vínculos de Podemos con la consultora Neurona, que está siendo investigada por las autoridades bolivianas por delitos de corrupción tales como «uso indebido de influencias», «conducta antieconómica» y «negociaciones incompatibles con la función pública».

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