Tras el circo de Rufián, el PP rechaza el «formato interrogatorio» en la comisión sobre su financiación

El Partido Popular pretende evitar que la comisión en el Congreso sobre su presunta financiación irregular se convierta en un «interrogatorio policial y judicial» de la oposición.

Los ‘populares’ ya expresaron recientemente su malestar por ese formato, tras la comparecencia del exministro Fernández Díaz en la comisión sobre la presunta utilización partidista del ministerio del Interior.

Entonces, la comparecencia se convirtió en un rifirrafe con serios ataques del diputado de ERC, Gabriel Rufián, tanto a Fernández Díaz como, y sobre todo, al ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, a quien llamó de todo: «ganster», «gallina» o «mamporrero», entre otras lindezas. El presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV), se limitó a llamarle al orden, pero sin mayor trascendencia.

El formato de pregunta y respuesta se convirtió en la práctica en un arma en manos de la oposición para acorralar a los comparecientes en algo más propio a un «show» de lucimiento de cada partido que con algún resultado práctico. De hecho, los ‘populares’ recuerdan que la finalidad de una comisión de este tipo es extraer conclusiones para evitar que casos similares puedan volver a repetirse, porque las responsabilidades, civiles o penales, corresponden, en su caso, a los tribunales de Justicia. 

La intención del grupo parlamentario del PP es establecer un modelo de comparecencias similar al del resto de comisiones que se celebran en la agenda habitual del Congreso. Esto es, intervención del compareciente, respuesta de los grupos y, de nuevo, turno para el compareciente. Los ‘populares’ consideran que ese formato sería más adecuado para evitar un ambiente de «crispación» que, a buen seguro, se vivirá en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP —sin duda, la más mediática y esperada de los últimos años— y a la que, previsiblemente, acudirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

Las expectativas de los ‘populares’ son escasas. El precedente es el nulo éxito en el caso de la comisión de Interior, aunque, en el caso de la financiación, se podría presionar con la comisión paralela que se pondrá en marcha en el Senado, y que obligará a los dirigentes de todos los partidos a explicar sus cuentas. Esta comisión, aún sin fecha, pretende ser la réplica que utilice el PP para contrarrestar desde otra Cámara los ataques de la oposición en el Congreso.

El formato se pacta en la Mesa de la comisión, y entre los representantes designados por cada partido. Tanto el modelo, como los tiempos de intervención, son así resultado de un acuerdo previo entre las formaciones, que queda totalmente al margen del reglamento del Congreso.

El Congreso constituirá este jueves la mencionada comisión que, presumiblemente, será presidida por el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclá. El PP y el PSOE mantienen su criterio de reservar las presidencias de comisión a partidos minoritarios, excluyendo a los cuatro grandes, y ese pacto deja poco margen de maniobra, una vez que Ana Oramas (Coalición Canaria) se ocupará de la comisión sobre las cajas.

El pasado viernes, los grupos registraron a los diputados que formarán parte de ambos órganos, cumpliendo con el plazo que Pastor les dio para hacerlo.

Por parte del PP, en la comisión estarán el coordinador general, Fernando Martínez Maillo, y sus portavoces del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Anticorrupción, Eloy Suárez y Beatriz Escudero; Artemi Rallo e Isabel Rodríguez por el PSOE; Toni Cantó y Melisa Rodríguez por Ciudadanos; Carolina Bescansa de Unidos Podemos; Joan Tardà por ERC; Mikel Legarda por el PNV; y Oskar Matute por EH Bildu.

Una vez constituidas ambas comisiones, los grupos tendrán que fijar un plan de trabajo y ponerse de acuerdo en cuanto a los comparecientes que pretenden que desfile por cada una de ellas. La oposición solicitará la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Con su puesta en marcha, ya serán tres las comisiones de investigación que estarán a la vez en activo en el Congreso.