Chivite obligada a tirar de la manta: tendrá que reclamar los fondos malversados por el consejero del PNV

La presidenta socialista de Navarra, María Chivite, no tiene opción. Puede dilatar el momento de la salida de su consejero del PNV imputado por malversación, pero tendrá que despedirse de él. Y tendrá, lo que puede ser más traumático, que exigir el retorno de las ayudas que se prueben concedidas ilegalmente a la empresa Davalor. Y es que la legislación foral fuerza a la presidenta a tener que sacar del Ejecutivo a los imputados, y a hacer todo lo posible por recuperar los fondos que se prueben malversados. Eso puede suponer un tirar de la manta nada favorable para el pacto entre socialistas y separatistas vascos.

La presidenta Chivite debe tener en cuenta, además, que a partir de ahora puede incurrir en responsabilidad penal si deja de perseguir el delito por no defender los intereses de Navarra. Y es que, si se prueba judicialmente que los fondos fueron indebidamente concedidos, ella y su Gobierno deberán hacer todo lo posible para que retornen a las arcas forales, tal y como marca la legislación navarra.

En 2018 el Parlamento de Navarra aprobó una ley por la que todo cargo investigado por corrupción debe dimitir. Esto sitúa ahora al PSOE-PSN en medio de un enorme dilema en Navarra. El consejero y hombre fuerte del PNV, Manuel Ayerdi, acaba de ser imputado por el Tribunal Supremo. La acusación se centra en corrupción y malversación. Pero Ayerdi es el hombre fuerte que soporta las relaciones entre el PSOE-PSN de la presidenta regional María Chivite y el PNV, alma de Geroa Bai. Resultado: en estos momentos el PSOE-PSN viola esa ley al no expulsar de inmediato a Manuel Ayerdi del Ejecutivo foral. Pero puede romper sus vitales acuerdos con separatistas si aplica la ley.

Todo pasa en estos momentos por el artículo 68 de esa Ley Foral aprobada en 2018. Una norma que sacó adelante el propio Gobierno de Uxue Barcos (Geroa Bai). Ese artículo regula con claridad la incompatibilidad del puesto de consejero con la imputación por un caso de corrupción. Y Manuel Ayerdi está investigado por corrupción.

La respuesta del Gobierno de Navarra y de su presidenta, sin embargo, disiente de este punto y señala que sólo «si el Tribunal Supremo considera como investigado a Manuel Ayerdi por el asunto referido a la empresa Davalor, dejará de ser consejero del Gobierno de Navarra».

Viola la ley anticorrupción

Su extraña aplicación e interpretación de la ley se apoya en afirmar que «hay que recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en auto de fecha de 1 de diciembre de 2020, recaída en el procedimiento de la causa especial número 20346/2020, ha acordado declararse competente para la instrucción, y en su caso, el enjuiciamiento del consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, así como abrir el procedimiento designando instructor».

Pero, según Chivite, «este auto no declara todavía la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración de Ayerdi, esperando a que el instructor realice su labor para tomar una decisión». Y, por eso, se considera con capacidad para mantener a Manuel Ayerdi dentro del Gobierno. Casualmente, la misma interpretación acaba de realizar Ayerdi, quien no se ve aún imputado ni, por lo tanto, en situación de tener que dimitir. Y ello, pese a la claridad de la norma y del auto del Supremo.

Navarra Suma (partido que engloba a UPN, PP y Cs) no ha tardado en recordar este punto: Ayerdi es en estos momentos un investigado por corrupción y el Ejecutivo socialseparatista está violando la ley al mantenerlo en su sillón de consejero.

La citada ley señala lo siguiente: «En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones».

Ayerdi está investigado por malversación, un delito recogido en el Título XIX (delitos contra la Administración Pública), Capítulo VII (de la malversación), artículos 432 a 435 bis del Código Penal. Es decir, justo de los que exigen la salida del Ejecutivo navarro.

El Supremo, competente

El Tribunal Supremo se declara competente para asumir la causa, recuerda que se trata de una persona aforada y dispone la apertura de un procedimiento contra él, designando instructor a Andrés Palomo del Arco.

La querella se refiere a la etapa en la que Ayerdi era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), un periodo en el que concedió en septiembre de 2015 a Davalor un préstamo de un millón de euros.

Según la querella, todo ello se hizo sin respetar los sistemas de control interno pese a que debía haberse conocido que la empresa en cuestión no reunía las condiciones establecidas para la concesión del dinero y que, de hecho, la sociedad estaba ya por aquellas fechas en situación de insolvencia.