Sánchez ofrece a Torra un cupo vasco ‘light’: Cataluña aportará menos al resto y controlará la recaudación

Las cesiones a los separatistas han vuelto al protagonismo máximo: Pedro Sánchez está dispuesto a romper una de las reglas básicas del sistema de financiación autonómico -la igualdad de trato a todas las regiones del régimen común- y negocia ya con el Ejecutivo autonómico de Quim Torra dar los primeros pasos hacia un cupo catalán que imite el que actualmente tienen por mandato constitucional las dos comunidades forales -Navarra y País Vasco-.

Las bases del ofrecimiento de Sánchez a Torra pasan por la rebaja de la aportación catalana a los fondos comunes que nutren las necesidades financieras de todas las regiones, y la entrada de los equipos de la Hacienda catalana en el control, inspección y recaudación de todos los impuestos pagados en este territorio.

Esas cesiones no sólo supondrían un fuerte agravio comparativo para todo el resto de comunidades del denominado como régimen común de financiación español, sino que, además, permitirían a los separatistas perfeccionar aún más su Hacienda autonómica de cara a una pretendida ruptura con España: y es que ya tendrían el conocimiento pleno de todos los impuestos -nacionales o regionales- que pagan los catalanes, una baza necesaria para ellos para poder recaudar desde el primer día e intentar sobrevivir en su buscada independencia.

La fórmula ha sido trasladada ya oficialmente al PSC de Miquel Iceta y cuenta con la aceptación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los socialistas catalanes ya han comunicado, a su vez, a las fuerzas separatistas su predisposición a negociar estos puntos. Y el detalle de las cesiones ha sido incluido en un documento de los socialistas titulado “Catalunya 2019”, tal y como publicó OKDIARIO.

Los puntos clave son los siguientes, tal y como recogen los anexos del documento. El primero de ellos, el ofrecimiento de la inclusión en la legislación y Constitución Española de “un nuevo modelo de financiación: la hacienda federal”. Para ello, los socialistas catalanes, bajo indicación directa de Sánchez, “proponemos un Pacto Fiscal Federal que incremente los recursos para afrontar las competencias que nos son propias” y que “garantice el principio de ordinalidad” entre otros. El documento señala, además de este principio, los de “suficiencia, justicia, solidaridad, convergencia territorial, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”, pero lo cierto es que todos ellos varían con respecto a la percepción actual al introducir el primero que cita el documento: el de ordinalidad.

El principio de ordinalidad es una vieja aspiración nacionalista que pretende que el máximo que se pueda aportar por una región a los fondos territoriales nacionales sea el que permita que una región no pierda su posición en el ranking como beneficiado del sistema de financiación autonómico. De este modo, la aportación al sistema de solidaridad entre regiones más ricas y más pobres queda literalmente diezmado. Y es que el sistema de solidaridad entre regiones pretende equipararlas en recursos y oportunidades y eso es imposible sin que las más ricas -como Cataluña- pierdan posiciones en ese ranking.

Por si fuera poco, los socialistas planean también que se “cree el Consorcio Tributario de Cataluña previsto en el artículo 2.4.2 del Estatuto de autonomía, entre la AEAT y la Generalitat, para compartir la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que pagamos”. Es decir, que por primera vez, la recaudación e inspección de los impuestos nacionales en Cataluña tendrá que contar con la capacidad de decisión de los equipos de la Hacienda Catalana. O, dicho de otra manera, que los datos del IRPF, Impuestos de Sociedades o IVA pasarían a estar al alcance de los equipos de Quim Torra, algo que, a buen seguro, agradecerán de cara al próximo golpe separatista, porque lo cierto es que ya tendrán el conocimiento para intentar recaudar de forma autónoma tras una pretendida independencia.

Además, esas pautas son una especie de concierto vasco o sistema de cupo light, un esquema al alcance de vascos y navarros porque la Constitución lo recoge expresamente: ninguna otra región puede acceder a ello. Y es que ese esquema ha permitido a las dos haciendas forales aportar menos al sistema de solidaridad nacional pese a ser más ricas que el resto y les ha permitido igualmente controlar la recaudación y las inspecciones, algo que muchas empresas de esas comunidades -en especial de la vasca- han agradecido durante años.

Y, todo ello, es ahora trasladado ya y ofrecido a los partidos golpistas por parte de los socialistas de Sánchez e Iceta.