Sánchez ofrece a Torra el privilegio de negociar previamente con él las leyes que afecten a Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece a Torra negociar primero con él la totalidad de normas que afecten a Cataluña. El PSOE planteó inicialmente que este principio se ofreciese a todas las regiones. El presidente Sánchez dio el primer paso y ofreció esta posibilidad a Quim Torra en su encuentro en La Moncloa. Pero el tiempo ha pasado y ningún otro presidente ni equipo de gobierno autonómico ha recibido el mismo ofrecimiento.

Y es que, de hecho, si lo hubiesen recibido todos, sería literalmente imposible cuadrar las intenciones de 17 gobiernos más el central. El resultado es evidente: nunca hubo más intención que la de que esta oferta de legislación global a la medida autonómica fuese planteada en exclusiva como un nuevo regalo a la Generalitat catalana.

El principio inicial aparece recogido en los planteamientos del PSOE como uno de los objetivos para su política autonómica: “Garantizar la participación de las CCAA en los procesos de formación de la voluntad del Estado en todas las materias que sean de su competencia o sus intereses pudieran verse sustancialmente comprometidos”. Pero se refería a todas las CCAA. No sólo a la catalana.

En su momento el principio fue ya criticado porque suponía una locura en la práctica: intentar cuadrar 17 voluntades en materia de reparto de fondos, de política de agua, de diseño de infraestructuras, de representación en la UE, de fraccionamiento de la política comercial en el exterior, etc.

El PSOE pretendía negociar todas las materias, una a una, de forma bilateral con cada Comunidad

Ahora está claro que el principio teórico sólo tenía un objetivo en la práctica: contar con el pretexto para generar una dinámica de prioridad de la Generalitat en la negociación de cualquier materia autonómica: y es que todo el resto de regiones irá por detrás de Cataluña tras ofrecerle Sánchez ese privilegio de negociación sólo a Quim Torra.

De este modo, el trazado de futuras infraestructuras, el diseño de desarrollos portuarios, los planeamientos fiscales autonómicos, el traspaso de nuevas competencias a las regiones, los plazos de devolución de la deuda autonómica contraída con el Estado, el diseño de nuevos tributos o directamente la asignación de los ingresos que recibe del Estado cada comunidad autónoma, todo ello será planteado con prioridad a la Generalitat. Detrás irán el resto.

Se trata de la extensión máxima de un planteamiento que Rodríguez Zapatero aplicó ya durante su etapa de Gobierno socialista en dos aspectos concretos. De esa mecánica surgieron, de hecho, las dos muestras representativas del resultado de ese ofrecimiento: el actual Estatuto Catalán de Autonomía y el modelo de financiación autonómica que, a estas alturas, no contenta ni a la propia Cataluña, que fue la única que lo pudo negociar en puridad.

El resto de territorios tuvieron que optar por intentar imitar el estatuto catalán o por negarse a seguir esa carrera. En el diseño de la financiación autonómica la cosa fue más sangrante: porque la selección de los impuestos que se cedían a las regiones la hizo el tripartito catalán. El resto de territorios tuvieron que asumirlo o perder el incremento de fondos que se añadió como reclamo en el sistema de financiación regional.

El nuevo ofrecimiento de Sánchez a Torra confirma esa política de privilegio catalán y lo extiende a todas las materias legales con repercusión autonómica.