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El Ayuntamiento de Barcelona dice ahora que las cargas del 1-O tuvieron “carácter sexista”

Senado
La Policía en una de sus cargas
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El servicio creado por el Ayuntamiento de Barcelona para atender a los afectados por las cargas policiales del 1 de octubre ha elaborado un informe en el que concluye que “la violencia ejercida” durante la jornada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “tuvo un marcado carácter sexista“, y en el que aporta los testimonios de dos mujeres que afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales.

Varias de las víctimas entrevistadas manifestaron que los agentes ‘iban a por las mujeres’, para remarcar un trato especialmente vejatorio contra ellas e incluso un uso de la fuerza aún mayor”, asegura el citado informe que este martes ha presentado en el Congreso el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens.

El consistorio de la ciudad condal ha elaborado dicho informe preliminar en base a los testimonios de 105 personas que se han puesto en contacto con el citado Servicio de atención a víctimas de agresiones policiales el 1 de octubre, 38 de las cuales han sido atendidas presencialmente.

Contabilizan 14 porrazos y 18 puñetazos

De esas 38 “atenciones presenciales”, el Ayuntamiento reporta en su informe 14 golpes con porra, 22 “estirones o empujones”, 18 “puñetazos, bofetadas o patadas”, 3 “intimidaciones verbales“, 2 “heridas por bala de goma”, y 2 “agresiones de carácter sexual”.

En concreto, Asens, que ha comparecido junto a parlamentarios de Podemos, En Comú, Compromís y PDeCAT, ha explicado que desde el servicio que han puesto en marcha “han escuchado a varios testigos denunciar trato vejatorio, tocamientos de pechos y otras partes del cuerpo y expresiones como ‘puta’” por parte de los agentes que trataron de impedir el referéndum del 1-O convocado por la Generalitat.

“Nos hemos entrevistado con dos de esas mujeres y nos han contado que hay más relato. De esas dos mujeres, tenemos el relato pormenorizado”, ha asegurado el teniente de alcalde del consistorio barcelonés.

Asimismo, Asens ha anunciado que el Ayuntamiento que dirige Ada Colau presentará este informe en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que es el que se está encargando de investigar las circunstancias en que se produjeron las actuaciones policiales del 1-O, y también tiene la voluntad de personarse como acusación popular “en aquellos casos atendidos que son especialmente graves”, para que “estos hechos no queden impunes”.

La propia Colau ya anunció tras las cargas policiales que su consistorio había recogido testimonios de mujeres que habían sufrido agresiones sexuales durante las cargas policiales; declaraciones que generaron gran malestar en el Ministerio del Interior, que dio traslado de ellas a la Fiscalía, para que investigara si pudiera haber incurrido en un delito de injurias.

“Eso no tienen ningún fundamento jurídico. Creemos que tiene solo un objetivo, que es atemorizar”, ha asegurado Asens, para añadir que lo que hizo Colau no tiene que ver con injuriar sino con informar de los testimonios recogido por el Ayuntamiento. “La alcaldesa dio cuenta del relato de las víctima”, ha enfatizado.

Uso excesivo de la fuerza

Además de llegar a la conclusión de que “la violencia ejercida tuvo marcado carácter sexista”, el consistorio de Colau concluye en su informe que las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre, “supusieron el uso excesivo de la fuerza”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado este informe en colaboración con el Centre para la Defensa de los Derechos Humanos de Barcelona, Irídia, que a su ves ha realizado otro informe junto a otras organizaciones que estuvieron presentes a modo de observadores durante la consulta del 1 de octubre, y que se hará público el jueves.

El codirector de Irídia, el abogado Andrés García Berrio, también ha participado en la rueda de prensa de este martes en el Congreso y ha asegurado que el dispositivo policial del 1-O “buscaba generar el pánico” y “actuar contra la población” y fue “contrario a la legalidad”.

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