Trapero confirma que habrá urnas en geriátricos y ambulatorios

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha alertado hoy de que la «estricta aplicación» de la orden de la Fiscalía para impedir el 1-O tendría consecuencias «no deseadas», ya que obligaría a suspender la actividad en servicios «esenciales» como hospitales, ambulatorios y geriátricos.

En un escrito que hoy ha entregado al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el mayor se compromete a aplicar las instrucciones de la Fiscalía para evitar el referéndum del 1-O, aunque de acuerdo con los principios de «oportunidad, proporcionalidad y congruencia» para evitar el «previsible riesgo de alteraciones del orden público».

Trapero expresa en su escrito una batería de objeciones y peticiones de aclaración a la Fiscalía sobre su instrucción de precintar los colegios electorales, cuestiones con las que, según precisa, pretende obtener precisiones para «dar el mejor y más adecuado cumplimiento» de las directrices del ministerio público.

Según Trapero, la «estricta aplicación» de la instrucción de la Fiscalía de precintar los puntos designados como colegio electoral «podría comportar unas consecuencias no deseadas para nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar».

Trapero detalla que entre los puntos designados como locales de votación existen centros educativos, pero también ambulatorios, hospitales y centros médicos, bibliotecas, juzgados, geriátricos y pabellones deportivos, entidades religiosas, locales de medios de comunicación, asociaciones de vecinos, teatros, centros de ocio y guarderías.

«El cierre o precinto de estos locales o establecimientos supondría impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente se realizan en estos espacios, lo que, por su relevancia, pueden tener afectación sobre la prestación de servicios públicos esenciales e, incluso, podrían comportar una afectación a derechos fundamentales de los ciudadanos», alerta Trapero.

El mayor recuerda que la Fiscalía les ordenó precintar estos locales antes del sábado 30 de septiembre, hasta el domingo 1 de octubre por la noche, lo que supondría «suspender la actividad durante días en centros médicos, el cierre de geriátricos o centros educativos, donde además de la actividad lectiva se realizan actividades deportivas».

En su escrito, Trapero también advierte de que la orden de no sólo cerrar y precintar los locales, sino también de desalojar a las personas que estén en el interior de sus locales y de incautarse de las herramientas para la votación suponen practicar entradas y registros en espacios cerrados que, a su entender, requieren de autorización judicial.

Para el mayor, precintar locales que se destinan a «servicios públicos esenciales con afectación de derechos fundamentales» comporta que los Mossos d’Esquadra «no pueda adoptar las medidas requeridas sin contar con el previo mandamiento judicial, lo que comunica al ministerio público a los efectos de dar cumplimiento a sus directrices.

Trapero también pide que se le aclare a quién tienen que identificar para impedir la constitución de las mesas, como les ordenó la Fiscalía, «a los efectos de evitar cualquier tipo de exceso en la actuación policial» y para garantizar una actuación «homogénea» en los diferentes locales en toda Cataluña.

En este sentido, Trapero sostiene en su escrito que le resulta «especialmente necesaria» una aclaración sobre la orden de impedir la votación en la vía pública -en un radio de 100 metros de los colegios electorales-, «ya que se trata de una situación no contemplada en el procedimiento establecido en las normas suspendidas por el Tribunal Constitucional».

Como ya apuntaron ayer a Efe fuentes de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, Trapero expresa en la carta su temor de que la orden de la Fiscalía suponga un riesgo de alteraciones en el orden público, por lo que entiende que se tiene que ser «especialmente cuidados y exigente» para que la aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía «se ajusten a los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia».

El mayor recuerda que el 1-O habrá una «presencia masiva» de ciudadanos, incluidas familias, en la calle, por lo que cualquier actuación policial que pueda comportar el uso de la fuerza supone un «riesgo» que le obliga a insistir en que actuarán bajo los criterios de proporcionalidad.

«La responsabilidad de este cuerpo (los Mossos) no se ciñe sólo a ejercer las funciones de policía judicial, sino también a la de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, sin que en ningún caso su actuación pueda comportar un mal mayor al que se pretende evitar», remarca Trapero.

En este sentido, recuerda que hasta el momento las movilizaciones ciudadanas sobre el referéndum han tenido un «carácter pacífico», pese «algún incidente que ha comportado daños materiales», lo que no puede ser obviado a la hora de «ejecutar policialmente» las medidas adoptadas por la Fiscalía, especialmente las que se tienen que acometer en la calle.

Según Trapero, algunas de estas medidas pueden entrar en juego con otros derechos fundamentales, como el de reunión y manifestación o la libertad de expresión, la garantía de los cuales se configura como principal misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, junto con la de garantizar la seguridad ciudadana.