Cataluña podrá vetar la acogida de inmigrantes de Canarias mientras Sánchez los envía sin aviso a Madrid

Dentro del rosario de cesiones y regalos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado a Junts para sacar adelante la votación de los primeros decretos de peso de la legislatura, hay uno especialmente preocupante por las implicaciones que tiene: la entrega de las competencias en inmigración. Esas nuevas atribuciones, que la Constitución -y el criterio del Tribunal Constitucional- atribuyen en exclusiva al Estado, permitirán a Cataluña oponerse a recibir inmigrantes ilegales que hayan entrado de forma irregular en España. Por ejemplo, a los más de 39.910 llegados a Canarias en 2023 y que el Gobierno, el mismo del Aquarius, realojó en otras comunidades. Sobre todo en Madrid y sin ni siquiera avisar.

A partir de ahora, con cada oleada de inmigración ilegal que llegue a las costas de Canarias o a otros puntos de la España peninsular, a cada comunidad autónoma le tocará asumir un mayor número de inmigrantes realojados. Las comunidades no pueden negarse a acoger a estos inmigrantes, ya que la competencia es Estatal y el Gobierno elige. Pero en el caso de Cataluña, la situación está a punto de cambiar.

Cuando cristalice la cesión de competencias en inmigración con la que Sánchez ha conseguido encandilar a Junts in extremis, Cataluña tendrá la posibilidad de vetar cualquier envío de inmigrantes ilegales a albergues o asentamientos temporales que estén en su territorio. En esencia, el problema que se iniciaba en Canarias y se repartía de forma más o menos equitativa por toda España, ya no será asunto catalán.

Con la asunción de competencias en materia de inmigración, Cataluña pasa a ser la única región de toda España con capacidad para oponerse a este reparto. No sólo al de aquellos llegados en patera a España, sino también a otros que en un futuro vengan impuestos por la Unión Europea, como ocurrió durante la crisis del Mediterráneo de 2015. Las cuotas, ahora, serán voluntarias para la Generalitat.

Mientras, el resto de comunidades si seguirán bajo las normas impuestas por el Gobierno, cuyos repartos han levantado ampollas en los últimos meses. Especialmente en Madrid, destino de la mayoría de los cerca de 40 vuelos charter fletados en la clandestinidad y fuera de los focos desde Canarias con más de 300 inmigrantes a bordo cada uno.

A Madrid, sin aviso

Esos vuelos de recolocación se han venido produciendo sin aviso al Gobierno de la Comunidad de Madrid ni al Ayuntamiento de la capital, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones ambas instituciones. De hecho, tal y como contó OKDIARIO, Moncloa priorizó Madrid como destino del gran campamento de acogida pese a barajar otras 20 opciones repartidas por todo el territorio español. Hoy, más de 1.200 inmigrantes se encuentran alojados en un cuartel militar en plena ciudad de Madrid.

«¿Nos van a enviar a Madrid a los inmigrantes ilegales que Cataluña no quiera acoger?», se ha preguntado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, tras conocer el pacto alcanzado por Sánchez.

Regalo envenenado a ERC

Por otra parte, en términos políticos, Junts le ha arrancado a Sánchez un regalo envenenado para el Govern de ERC con el traspaso de la inmigración. Un asunto que en los últimos años, y especialmente en los meses finales de 2023, se convirtió en una de las principales preocupaciones para muchos ayuntamientos catalanes. Ahora, «ERC tiene una pelota de gol», tal y como lo definió la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para poder ejercer las competencias sobre cerca de 1,2 millones de extranjeros que residen en Cataluña.

Básicamente, esa «pelota» que menciona Nogueras obligará a ERC a decidir si veta la entrada de inmigrantes -medida de difícil encaje para un partido de izquierdas- o si continúa con un modelo de acogida similar al actual, cada vez más cuestionado socialmente en Cataluña.

Con la cesión pactada este miércoles, el Estado entrega al Govern catalán la gestión total de las competencias en materia de inmigración. Total. Eso implica que Cataluña podrá desplegar a partir de ahora su propia política de inmigración, contando con los «recursos necesarios» que el Estado deberá proveer. Estas competencias serán traspasadas desde la Policía Nacional a los Mossos d’Esquadra a través del mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.

La Policía en Cataluña

Por otra parte, El sindicato mayoritario de Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado que la cesión de la competencia sobre inmigración a Cataluña es «un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña». Además, el secretario general de la asociación, Aarón Rivero, ha manifestado que esta entrega «supone el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra».

«Pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán», ha añadido el dirigente de Jupol. La asociación se ha expresado en un comunicado emitido después de conocer que el Gobierno de España pactó este miércoles con Junts la cesión de la competencia de inmigración a Cataluña a cambio de la abstención de sus siete diputados nacionales en el pleno en el que se votaba la ratificación de los megadecretos en el Congreso.

Una de las primeras consecuencias puede ser la de la retirada de la Jefatura Superior de Policía del edificio de Vía Layetana de Barcelona. Una aspiración separatista de hace años, que se intensificó durante la respuesta callejera a la sentencia del procés, cuando se convirtió en el objetivo de la ira violenta impulsada por el Tsunami. Hasta ahora, esa comisaría sólo ejercía labores de extranjería. Sin ellas, perderá todo el sentido su presencia.