Casoplón, pagos de Irán, Venezuela y falso acoso: todos los casos que ha perdido Iglesias contra Inda

Pablo Iglesias e Irene Montero siguen perdiendo todas las demandas que interponen contra los periodistas de OKDIARIO y su director Eduardo Inda. La última ha sido el 6 de junio de 2022 con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que da la razón a OKDIARIO en la denuncia por falso acoso que interpusieron Pablo Iglesias e Irene Montero a un periodista de este medio por investigar si llevaban a sus hijos a una guardería ilegal ubicada en el municipio madrileño de Galapagar.

La primera demanda llegó tras desvelar este periódico, en mayo de 2016, que la narcodictadura de Venezuela pagó 272.325 dólares al ex líder de Podemos en una cuenta a su nombre en el banco Euro Pacific del paraíso fiscal de Islas Granadinas. Son seis años de pleitos que resumimos a continuación y en los que la Justicia siempre ha dado la razón a OKDIARIO.

La información de OKDIARIO sobre el pago de 272.325 dólares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas fue «veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención, de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo». Así de contundente se manifestó la titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid en la sentencia que desestimó la demanda del entonces secretario general de Podemos contra este diario al no entender vulnerado su derecho al honor. La magistrada condenó a Iglesias al pago de las costas del procedimiento judicial. Los abogados de Iglesias decidieron recurrir la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid lo que supuso una nueva derrota para el ex vicepresidente del Gobierno. Los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid señalaron que los periodistas y el director de OKDIARIO «actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión».

Iglesias pedía entonces una compensación de 250.000 euros a OKDIARIO, pero tanto en primera como en segunda instancia, el dirigente de Podemos no sólo no obtuvo esa satisfacción monetaria sino que, además, fue condenado en costas, en concreto a pagar 30.000 euros.

La pareja Iglesias y Montero también interpusieron una denuncia contra OKDIARIO y Eduardo Inda por desvelar que se habían comprado un casoplón de más de 600.000 euros en La Navata (Galapagar). La pareja podemita acusó a este periódico de «coacciones, acoso y hostigamiento» y volvió a estrellarse en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Collado Villalba archivó la denuncia al entender que no se había incurrido en los delitos expuestos por los denunciantes. La magistrada explicó que «tras examinar la documental aportada, compuesta fundamentalmente por las publicaciones difundidas, y tras la práctica de las diligencias esenciales para comprobar los hechos objeto de denuncia, las conductas llevadas a cabo por los denunciados carecen de base suficiente para encajar en los tipos penales descritos, toda vez que las publicaciones realizadas se limitan a poner en conocimiento un hecho noticiable de relevancia, teniendo en cuenta la condición de personas que ejercen una profesión de transcendencia pública como son los denunciantes, dada su vinculación al partido político que militan». La pareja de Galapagar recurrió la resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid que ratificó el sobreseimiento.

En enero de 2022 llegó otra resolución en la que el ex líder de Podemos perdió una vez más en un juicio contra el director de OKDIARIO por afirmar que el partido morado se había financiado de las dictaduras de Venezuela e Irán. La magistrada entendió que no se vulneró el honor de Iglesias y le condenó en costas.

Pablo Iglesias anunció en plena campaña electoral que emprendería «acciones legales» contra Inda por su intervención en El Programa de Ana Rosa, cuando en el espacio de Tele 5 se comentaba el vídeo electoral de Podemos –difundido por los morados durante la campaña para los comicios de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo– poniendo en la diana a varios periodistas críticos, entre ellos el director de este periódico.

«Una gente que señala a periodistas, una gente que pide que una persona inocente como yo vaya a la cárcel, es gentuza, es chusma», afirmó el director de OKDIARIO. Y añadió: «Algún día los medios de comunicación tendrán que reflexionar lo que ha sido durante los últimos siete años la promoción constante de este personaje, de su partido, cuando es un partido antidemocrático, un partido financiado por dos dictaduras. Por la venezolana que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ellos. Y por la dictadura iraní, que cuelga a homosexuales por el hecho de serlo y que lapida a mujeres».

Según el entonces líder de Podemos, «el silencio de la presentadora (Ana Rosa Quintana) mientras, entre insultos, (Eduardo Inda) nos acusaba falsamente de delitos gravísimos, simplemente revela lo que es la ultraderecha mediática», aseguraba Iglesias en las redes sociales en las que anunciaba que emprendería acciones legales contra Inda. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 33 de Madrid desestimó la demanda contra Eduardo Inda.

La última resolución ha llegado el 6 de junio. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación contra la absolución de OKDIARIO y al periodista Alejandro Entrambasaguas por parte del juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid, denunciado por el ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por investigar si llevaban a sus hijos a una guardería ilegal ubicada en el municipio madrileño de Galapagar.

El periodista Alejandro Entrambasaguas siempre defendió durante el juicio que su único objetivo era investigar la supuesta «guardería ilegal» de la que hacían uso Iglesias y Montero. Entrambasaguas acreditó ante el juez que la cuidadora, que se promocionaba en internet como «madre de día» (una modalidad de niñera) no estaba dada de alta en la Comunidad de Madrid, tal y como exige el reglamento que rige esta figura de la Consejería de Familia y Política Social. Al no estar autorizada, la cuidadora ejercía su labor al margen de la legalidad. La Audiencia ratifica ahora que no hubo acoso y rechaza el recurso de Iglesias y Montero.