Caso ERE: Zarrías defiende en el juicio que «sí existía normativa» que regulaba las ayudas

El ex consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha asegurado en la sesión de mañana de este miércoles del juicio por el ‘caso ERE’ —las fraudulentas ayudas sociolaborales y a empresas de la Junta de Andalucía— que «había regulación y normativa» para la concesión de las mismas.

Zarrías, para quien el Ministerio Fiscal solicita 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha señalado que en su etapa en el Gobierno andaluz tenía «clara conciencia» de que había regulación para la concesión de las ayudas, así ha enumerado la Ley de Hacienda, que regulaba las subvenciones; las leyes de presupuestos de la Junta y algunos decretos, así como también existían normas estatales como la órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, respectivamente. «Normativa y reglamentación había», ha insistido.

En este sentido, y tras ser preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre qué normativa concreta regulaba las ayudas sociolaborales para trabajadores, Zarrías ha respondido que la normativa anteriormente citada regulaba las subvenciones, si bien considera que «subvención es sinónimo de ayuda» .

Zarrías, que fue consejero de Presidencia entre los años 1988 y 1990 y, posteriormente, entre 1996 y 2009, presidió durante estos años la Comisión General de viceconsejeros andaluces, conocidos como ‘consejillos’. Ha iniciado su declaración ratificando la realizada ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, en la que dijo que las modificaciones presupuestarias del programa 31L que llegaron a las sesiones de los ‘consejillos’ y se elevaron al Consejo de Gobierno «eran ajustadas a derecho» y contaban con «todos los requisitos que marca la ley».

Sobre las órdenes ministeriales, ha afirmado que no las conocía con precisión, pero sí sabía que el Gobierno y la Junta tenían líneas de ayudas de carácter sociolaboral, precisando que cuando había una crisis empresarial, en el Consejo de Gobierno las ayudas sociolaborales eran de «menor» relevancia, pues todos los esfuerzos se concentraban en que no cerraran las empresas. «Cuando se planteaba una ayuda sociolaboral se fracasaba en el intento» de reflotar la empresa, ha afirmado.

Entre otras cuestiones, Zarrías ha asegurado que no conocía el programa 31L, por el que se pagaban las ayudas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —posteriormente agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)— en base a las transferencias de financiación desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. «Sabía que entre las competencias de Empleo estaban las ayudas, pero no conocía la normativa», ha asegurado.

Precisamente sobre el convenio marco firmado entre IFA y Empleo en 2001 para la concesión y pago de las ayudas, Zarrías ha señalado que «no lo conoció» y no fue informado, tras ser preguntado por el fiscal si el ex viceconsejero de Empleo Antonio Fernández no informó en ‘consejillo’ sobre el convenio como «él mismo afirmó» en fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya. «Ningún convenio pasaba por los ‘consejillos’ y menos aquéllos entre dos entes de la misma Consejería», ha subrayado.

Como ya hiciera ante el Supremo, Zarrías ha explicado que en los años 2000 y 2001 en los ‘consejillos’ se debatieron varios borradores de un proyecto de decreto presentado por el viceconsejero de Empleo con el que se pretendía regular la concesión de las ayudas. El proyecto fue retirado por el propio viceconsejero por cuestión normativa, pues debía ser una orden y no un decreto.

Zarrías ha defendido que la existencia de ayudas sociolaborales era «público y notorio» pues se recogían en los programas electorales, en los discursos de investidura, en los acuerdos de concertación social e, incluso, en las leyes de presupuestos que aprobaba el Parlamento.