Bélgica enfría el ataque de Puigdemont a Llarena: no resolverá su demanda hasta mediados de 2020

No corren buenos tiempos para el separatismo catalán en Europa. Pendiente el pronunciamiento del Supremo sobre los líderes independentistas acusados de rebelión y sedición, la causa judicial iniciada por los abogados de Puigdemont contra el magistrado del Alto Tribunal Pablo Llarena -encargado de la instrucción del ‘procés’- continúa en fase de alegaciones, un año después. Atendiendo a los plazos que establece la legislación belga, no es previsible que se resuelva antes de mediados de 2020.

Entre las razones utilizadas por Puigdemont para formalizar su acusación contra Llarena se encontraban las órdenes de detención y entrega europeas activadas por el magistrado español contra cinco políticos catalanes en situación de rebeldía procesal. Los letrados del ex presidente catalán -y de los otro cuatro reclamados- consideraban «abusivas» esas órdenes, como también, el hecho de que Llarena no les permitiese declarar por videoconferencia cuando ya se encontraban fuera de España, pese a estar citados por la Justicia.

También argumentaron que la posición del magistrado atentaba contra su libre circulación y vulneraba el principio de ciudadanía europea, desde el momento en que no se les permitía regresar a su país.

El escrito interpuesto por el ex presidente de la Generalitat ante los jueces belgas, se encuentra ahora a la espera de ser contestado por el bufete que el Gobierno de Rajoy contrató para representar al juez español. Una vez cumplimentado este trámite será necesario que ambas partes vuelvan a dirigirse por escrito al tribunal, en octubre y noviembre respectivamente.

Y es que en la jurisdicción belga son los actores del proceso judicial los que definen el desarrollo temporal del mismo y quienes en sucesivos escritos cruzados depuran sus alegaciones para que, llegada la hora del juicio -el equivalente a la fase oral del procedimiento español- se traten, exclusivamente, aquellos aspectos de hecho o de derecho que son esenciales para que los magistrados emitan su veredicto.

Antes, los tres jueces belgas competentes para decidir sobre la cuestión deberán fijará una fecha para celebrar una vista, previsiblemente, en los tres primeros meses de 2020. En todo caso, con posterioridad al pronunciamiento del Supremo sobre los delitos de rebelión y sedición vinculados al 1-O.

En esa vista, escucharán de nuevo a los representantes legales de Llarena y Puigdemont, y sus conclusiones finales. Acto seguido, el tribunal declarará la causa vista para sentencia; el fallo podría conocerse, como pronto, semanas después.

Segunda vez

Será la segunda ocasión en la que la Justicia belga cite al juez Llarena quien compareció el 25 de septiembre de 2018, en Bruselas, para cumplir con la personación requerida por sus colegas europeos.

En aquella ocasión, lo hacía para oponerse a la demanda civil planteada por parte del ex presidente Puigdemont y varios ex consejeros de su Govern. Todos ellos cuestionaban la imparcialidad del magistrado del Supremo para conocer de su situación  procesal como fugados de la Justicia española.

Desde entonces, las partes y sus respectivos representantes legales no han vuelto a verse las caras frente a los tres jueces que integran el tribunal especial conformado para resolver el litigio.

Reino de España

Los abogados belgas de Puigdemont, que actúan bajo la dirección jurídica de Gonzalo Boye, ampliaron la demanda civil interpuesta en un primer momento en Bélgica -contra el juez instructor de la causa del ‘procés’ Pablo Llarena- para hacerla extensiva al «Reino de España».

Un motivo por el que la decisión que adopte el tribunal de Bruselas no será menor. Además de pronunciarse sobre la imparcialidad del magistrado Llarena, tendrá que hacerlo sobre la soberanía e inmunidad jurídica del Poder Judicial español.

Tal es así que, en las vistas preliminares ya celebradas, la defensa de Pablo Llarena cuestionó la propia jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas para conocer del caso; al tiempo que solicitaba, además, la personación «voluntaria» de España en la causa. Los actos imputados a Llarena eran «actos de uno de sus órganos», de modo que estaba dispuesta a «asumir la responsabilidad» de los mismos.

La petición prosperó abriendo una oportunidad que los abogados de Puigdemont -y los otros cuatro ex consejeros huidos con él a Bélgica- no desaprovecharon: demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo. La afrenta continúa.