Begoña Gómez tenía 20 empresas registradas para usar ‘su’ software sin autorización de la Complutense

Begoña Gómez tenía registradas hasta 20 empresas en su plataforma Transforma TSC por la que ahora está imputada por apropiación indebida. La mujer de Pedro Sánchez registró a su nombre este software que había sido creado para la Universidad Complutense de Madrid.

Según revela la nueva documentación del caso Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno afirmó que hasta 20 pymes estaban registradas en la plataforma, que nunca llegó a ser presentada. Así lo recogió la propia Gómez en un informe remitido el pasado febrero a Marc Simón, subdirector de la Fundación La Caixa, para pedirle que siguiera patrocinando la cátedra. La Complutense decidió suprimirla en septiembre, tras el daño reputacional a la institución pública.

En concreto, Gómez describió las acciones desarrolladas por la cátedra, entre ellas, la citada plataforma, concebida para que las pequeñas y medianas empresas llevasen a cabo una «medición de impacto social y medioambiental» y su cumplimiento de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. La esposa del jefe del Ejecutivo señalaba que ese software estaba «pendiente de presentación» y anunciaba a continuación: «Hoy tenemos registradas 20 pymes desarrollando la medición de impacto».

Entre los objetivos de Gómez para este año -frustrados por su imputación por cuatro delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral- figuraba dar el impulso definitivo a esta plataforma, mediante «talleres de presentación, pruebas piloto, incorporación de pymes y proyectos sociales en seis ciudades». Para ello, pretendía «buscar nuevos aliados».

Cabe recordar que Gómez logró que compañías como Indra, Google y Telefónica le montasen gratis esta plataforma. Estas empresas, sin embargo, abandonaron el proyecto sin terminar, por lo que tuvo que recurrir a contratos por valor de más de 100.000 euros a cargo de la Complutense. Pese a que el software era propiedad de la Universidad, Gómez -sin autorización- lo registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas y lo ofrecía a través de una web a su nombre.

En septiembre, la esposa del presidente del Gobierno, a través de su abogado, envió un correo electrónico a la Complutense anunciando que no renovaría el dominio web transformatsc.es, que albergaba este software, debido a «la situación administrativa y judicial» en que se encontraba su cátedra.

No autorizado

En el mail, dirigido al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, Gómez explicaba que el registro de la web que soportaba la plataforma de medición y gestión de impacto social y medioambiental «en desarrollo» expiraba el 21 de septiembre de 2024. El vicerrector le respondió que ese dominio ni estaba «a nombre de la UCM ni autorizado por la UCM» por lo que no actuarían «en ningún sentido respecto a la renovación del mismo».

Además, matizaba que «no es correcto afirmar», como sostenía Gómez, «que el registro de dominio se hizo en su día siguiendo las indicaciones de la OTRI», Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Complutense, «puesto que se limitaron a informarle de cómo registrar un dominio». Según la Universidad, Gómez nunca remitió el formulario para registrar dicho software.

Apropiación indebida

La esposa del líder socialista está ahora imputada por, entre otros, un delito de apropiación indebida por esta plataforma.

En el auto de imputación, el juez Juan Carlos Peinado explica que en la querella interpuesta por Hazte Oír existen indicios de que Begoña Gómez «vinculada, como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, a la UCM, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Transforma TSC SL. la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la cátedra Transformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid». Peinado destaca que, «evidentemente», este hecho podría ser incardinado en el delito de apropiación indebida.

En julio, la Complutense, tras una investigación interna, ya emplazó al juez Peinado a seguir indagando en los hechos, denunciando la posibilidad de que «hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos» de titularidad de la Universidad.

En el informe se señalaba además la falta de colaboración de Gómez con la investigación, indicando que no había remitido a la Complutense la información requerida.