El antisemitismo se dispara un 86% en España tras la campaña de Sánchez instando a la exclusión de Israel

El antisemitismo se ha disparado un 86% en España tras la campaña del Gobierno de Pedro Sánchez instando a la exclusión de Israel. Así se desprende de un informe publicado este miércoles por el Ministerio del Interior. Dicho balance revela que la España de Sánchez alcanza una cifra récord de delitos de odio, tras aumentar un 23,6% en 2025, hasta las 2.417 infracciones penales.

Es la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en 2014.

El Ejecutivo instó el año pasado a la exclusión de Israel de las competiciones deportivas internacionales y de Eurovisión. Además, ha vetado la compra de armamento israelí, lo que conlleva que ahora gaste el triple. Unas acciones con las que el Gobierno incumple su propio plan contra el antisemitismo, como ya  reveló OKDIARIO.

Incumple su propio plan contra el antisemitismo

Antisemitismo es odio, rechazo, discriminación, hostilidad y/o violencia hacia judíos y no judíos que tienen relación con Israel y el mundo judío. Esto es lo que ocurrió en la Vuelta a España con el equipo ciclista Israel Premier Tech, pese a que se trata de un equipo privado que no pertenece al Gobierno israelí, en el que sólo participó un ciclista israelí y en su conjunto está formado por 180 personas. Sin embargo, se le criminalizó por la guerra en Gaza.

Resulta incongruente que el Gobierno promueva un plan contra el antisemitismo y, al mismo tiempo, Sánchez mostrase su «admiración» por las protestas a favor de Palestina en la Vuelta, que se saldaron numerosas conductas de violencia y antisemitismo, llegando incluso a reventar el final de competición y dejaron a 22 policías heridos.

También se registran incidentes en los que se ha discrimina o excluye a personas por su condición judía o israelí, como sucedió el pasado verano en Vueling, con actos discriminatorios que llevaron a expulsar de un vuelo a jóvenes y adolescentes judíos franceses; y en Iberia, en vuelos en los que, por viajar en ellos judíos, se pusieron consignas propalestinas en su comida.

Además, la comunidad judía en Asturias y su presidenta ha sufrido una gran campaña de antisemitismo por su opinión acerca del conflicto en Gaza, y, entre otros muchos casos, el equipo de Israel en Sestao (Vizcaya) fue retirado de la competición de ajedrez.

Unos episodios en los que la asociación Movimiento contra la Intolerancia ha echado en falta la condena pública por parte del Gobierno. «Actualmente es más necesario que nunca poner límites a las conductas antisemitas y no observamos que esto se esté realizando», declara a OKDIARIO el  presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Y recuerda que hay sentencias del Tribunal Supremo declarando ilegales los boicots a empresas y entidades relacionadas con Israel.

Movimiento contra la Intolerancia reclama al Gobierno y a la Fiscalía que «actúen contra el discurso y el delito de odio antisemita, que se ha extendido en todos los ámbitos de la sociedad y a nivel global».

Ataques a jueces y fiscales 

Los ataques del Gobierno también van dirigidos contra jueces y fiscales. De hecho, la Audiencia Nacional investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo de Sánchez. Un escándalo que estalló la semana pasada al Gobierno con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil  irrumpiendo en Ferraz en busca de pruebas y en la sede de la Benemérita.

Según el juez Santiago Pedraz, la trama del PSOE también utilizó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para expedientar a varios agentes de la UCO que investigaban al partido o a la familia del presidente del Gobierno. 

El juez dirige el procedimiento contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; Leire Díez, presunta fontanera vinculada al PSOE; el empresario Javier Pérez Dolset; el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía  Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias  y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.

Sánchez sugirió el domingo que las imputaciones al PSOE buscan «atajos» para desalojarle del poder. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que existe una operación para «derribar al Gobierno con métodos no democráticos».

«Hay causas judiciales que en otros casos no se producen», añadió Puente.

Estos ataques a la Justicia han provocado la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces aprobó este martes una declaración institucional denunciando que tales manifestaciones erosionan la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.

Asociaciones de jueces y fiscales también difundieron ayer un comunicado reclamando respeto a la independencia judicial frente a la «descalificación» desde «altas instituciones del Estado». Lo firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

En él, jueces y fiscales denuncian la «estrategia orquestada» contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, hayan sufrido «espionajes a su persona, familia y entorno con el fin de hostigarla y desacreditarla».