Begoña Gómez envía al juez un informe redactado por un ex edil del PSOE para defender la legalidad de su cátedra

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y acusada en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha recurrido a Antonio Manuel López Hernández —catedrático de la Universidad de Granada, ex presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía a propuesta de los socialistas y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadix— para que elabore un dictamen pericial con el que defender la legalidad de su vinculación a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. El informe, fechado el 16 de abril de 2026, ha sido presentado ante el tribunal como prueba de descargo.

El documento, titulado Las aulas, cátedras extraordinarias y los estudios no oficiales de formación permanente como instrumentos de colaboración público-privada en la Universidad española, sostiene que la figura de las cátedras extraordinarias constituye un mecanismo habitual, regulado y legítimo de colaboración entre la universidad pública y entidades privadas, y que la participación de personas ajenas a la plantilla universitaria en su dirección es una práctica extendida y amparada por la normativa vigente.

El informe llega en un momento especialmente sensible para la defensa de la imputada Begoña Gómez, cuya causa judicial se centra, entre otros extremos, en su papel al frente de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Ello sin ser catedrática ni tener un título universitario oficial y sólo un curso de marketing en una academia no homologada por el Estado.

«Es un informe que no entra en el fondo, no entra a decir por qué exactamente la cátedra de Begoña Gómez, con sus particularidades concretas, es legal. No desmiente los extremos el escrito de procesamiento del juez Juan Carlos Peinado», subrayan fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

Las cátedras extraordinarias

López Hernández –que omite en el apartado Currículum sus vínculos con el PSOE– argumenta en su dictamen que las cátedras extraordinarias «constituyen instrumentos institucionales mediante los cuales entidades públicas o privadas financian o patrocinan determinadas actividades académicas de interés común».

El perito subraya que estas estructuras «no se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional de quienes intervienen en ella», lo que viene a intentar desactivar uno de los posibles argumentos de la acusación.

El informe destaca asimismo que la dirección de estas cátedras «no está normalmente retribuida» y que a quienes participan como docentes «se les abona una cantidad compensatoria muy reducida por su tiempo y dedicación». Con ello, el perito busca subrayar el carácter altruista y no lucrativo de la actividad que se imputa a la acusada.

Para fundamentar su tesis, López Hernández ha realizado un análisis comparado de la normativa de varias universidades españolas —León, Barcelona, Valencia, Extremadura, Zaragoza y Granada— y concluye que «el esquema regulatorio de las cátedras extraordinarias, de empresa o de patrocinio resulta sustancialmente coincidente en las distintas universidades analizadas».

En todos los casos, señala, se trata de «estructuras creadas mediante convenio entre la universidad y entidades externas, financiadas mediante aportaciones privadas y sometidas a mecanismos de dirección y seguimiento de carácter mixto».

En relación con la Universidad Complutense de Madrid, el dictamen señala que, según los datos del Portal de Transparencia de la UCM, en el momento de su elaboración estaban vigentes cincuenta cátedras extraordinarias, de las cuales «doce de ellas una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la UCM». Esto refuerza la tesis de que la situación de Begoña Gómez no era excepcional. Obvia que un vicerrector reconoció que la cátedra se creó de modo exprés «para la esposa del presidente». 

Respecto a los estudios de formación permanente —otro de los ejes del caso—, el perito sostiene que «hasta tres cuartas partes del profesorado de estos programas puede estar integrado por profesionales ajenos a la Universidad». Esta cifra, extraída del reglamento interno de la UCM, apuntala la defensa de que la participación de personas externas al claustro en estas estructuras es la norma, y no la anomalía.

Perfil del socialista

Antonio Manuel López Hernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y catedrático en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada desde el año 2000.

Ha sido director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esa universidad entre 1996 y 2004, vicerrector comisionado para la Fundación General de la Universidad de Granada entre 2008 y 2011, y presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía entre marzo de 2011 y marzo de 2021, cargo para el que fue propuesto por el PSOE-A. En la actualidad es consejero de ese mismo órgano fiscalizador.

Su perfil académico y su dilatada trayectoria en el control del gasto público le otorgan, a ojos de la defensa, la autoridad necesaria para avalar la regularidad de las estructuras universitarias cuestionadas por la acusación.

No obstante, su pasado como concejal-teniente de alcalde y delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Guadix bajo las siglas del PSOE en la legislatura 1987-1991, así como su designación como presidente de la Cámara de Cuentas a propuesta socialista, podría ser esgrimido por la acusación para cuestionar su ecuanimidad como perito.

La conclusión del dictamen resulta taxativa: la participación de entidades privadas en las cátedras extraordinarias «se limita fundamentalmente a la aportación de recursos financieros o técnicos, sin que ello suponga la atribución a dichas entidades de funciones públicas que sólo pueden ser ejercidas por la universidad y su personal». En otras palabras, el informe construye un muro argumental contra la idea de que Begoña Gómez haya ejercido funciones públicas de manera irregular.

La estrategia de la defensa consiste, pues, en demostrar que lo que la acusación popular, de HazteOir, Manos Limpias, Vox, Iustita Europa, entre otros, ve como graves anomalías.

La perla final es que el informe compara la cátedra de Begoña Gómez, que reveló en primicia en 2020 OKDIARIO, con la cátedra Inditex de la Universidad de La Coruña o las dos cátedras patrocinadas por la ONCE en la Complutense. Que un ex alto cargo socialista sea quien lo certifique añade al expediente judicial una dimensión política que, con toda probabilidad, no pasará desapercibida en la sala.