Begoña Gómez para ‘dummies’ y ‘sociatas’

Begoña Gómez

El caso judicial de la hija de Sabiniano, el proxeneta, se entiende perfectamente cuando se compara el currículum de la mujer de Pedro Sánchez antes y después del 2 de junio de 2018, fecha en la que él fue investido presidente del Gobierno tras la moción de censura pactada con comunistas, independentistas, golpistas, bilduetarras y la abstención de la canaria Ana Oramas, que a veces se nos olvida. Hasta esa fecha, Begoña Gómez no había sido capaz de sacarse ningún título oficial. Con el dinero de la prostitución, su padre le había pagado titulines de academias privadas donde se había cruzado con niños de papá, como ella, pero pertenecientes a familias bien, no como la suya, que hizo fortuna explotando a desgraciadas, y eso le generó algún tipo de complejo o frustración que luego marcó toda su carrera.

Profesionalmente, solo se había ganado el pan trabajando para su padre, llevando la contabilidad de sus clubes y alquilando sus inmuebles. Y había dado clases en una pequeña empresa donde se formaban comerciales de telemarketing y de puerta fría para aseguradoras, compañías eléctricas, ONGs, etc. Empresita de la que era comercial su amiga Cristina Álvarez, a la que luego se llevó como asistenta. Un currículum entre mediocre y penoso que perturbaba a una mujer tan ambiciosa y necesitada de reconocimiento, apariencia y relumbrón como luego se ha demostrado que es Begoña Gómez.

Pero a partir de junio de 2018 la carrera de la chica sin estudios ni experiencia profesional destacable da un giro de 180 grados y se convierte, de repente, en una experta en fundraising sin la que nadie entiende cómo habíamos sobrevivido hasta entonces. De la noche a la mañana la ascienden a directora del África Center del prestigiosísimo Instituto de Empresas, y como eso aún le pareció poco aparente, la hicieron directora de una cátedra en la Universidad Complutense, impartiendo másteres a estudiantes con muchísima más titulación que ella, que es justo lo que necesitaba para sobrellevar sus complejos juveniles.

Como Begoña conocimientos para montar los másteres no tenía ninguno, pidió ayuda a su amigo, el empresario Juan Carlos Barrabés, y a cambio le firmó unas cartas de recomendación. Para que todo el mundo lo entienda, una experta en fundraising se dedica a cobrarle a sus alumnos por enseñarles a captar los fondos públicos que reparte el marido de la experta. Básicamente, este es el primer delito del que le acusa la justicia, tráfico de influencias, por el que la acusación popular le pide seis años de prisión por prevalerse de su condición de esposa de Sánchez para favorecer su carrera profesional, además de por firmar esas recomendaciones que Barrabés usó para lograr adjudicaciones de concursos públicos.

El segundo delito que se le imputa es corrupción en los negocios y por él le piden cuatro años de prisión. Para su cátedra necesitaba pasta, o sea, patrocinadores, y consiguió que empresas públicas y privadas relacionadas con la administración se la financiaran por ser ella quien era y generando expectativas de recompensas mayores, ya que, de lo contrario, a ver si no por qué va a poner nadie dinero si no espera obtener una contraprestación mayor.

El tercer delito imputado por la justicia es malversación de caudales públicos, por el que se le piden ocho años de prisión, y básicamente consiste en haber hecho que La Moncloa le contrate a una asistente para sus negocios privados, pagada con dinero público. Sin ningún proceso selectivo y solo porque era su amiga, Begoña hizo que se contratase a Cristina Álvarez por 50.000 euros al año, y esta se dedicó a hacer de secretaria de su actividad privada.

Por último, Begoña Gómez también está imputada por apropiación indebida, que es como los abogados llaman a robar, delito por el que le piden seis años de cárcel. La mujer de Sánchez usó su influencia para que Google, Telefónica, Indra y la propia Universidad Complutense se fundieran más de 100.000 euros en diseñarle un software, una marca comercial y un dominio web, que luego ella registró a su nombre en vez de hacerlo a nombre de la Complutense, como debería. O sea, para la saca.

Hasta aquí los hechos, esos que ningún sociata ni ninguna Charo forofa de Pedro Sánchez puede atreverse a negar. Ahora un jurado popular deberá estudiarlos para decidir si hay pruebas suficientes para convertir estos hechos en delitos y condenar a Begoña Gómez. En su defensa dicen que su carrera profesional ya era suficientemente meritoria para hacerla catedrática sin ser la mujer del presidente, lo que parece un chiste. Que los patrocinadores de su cátedra y Barrabés no recibieron ninguna contraprestación a cambio, sino que solo les llegó lo que se merecían. Que Cristina Álvarez apenas dedicaba unos minutillos fuera de su jornada laboral para ayudar a su amiga y que el resto del tiempo lo pasaba trabajando duro en beneficio de todos los españoles, que somos los que le pagamos. Y que el software que trincó no le generó beneficios, porque era un churro, muy caro, pero churro.

El jurado decidirá. Si es condenada, recurrirán. Y siempre tendrán ahí a un Conde-Pumpido que lo arregle a las malas. Pero los hechos no los puede cambiar nadie. Hasta los dummies entienden que Begoña Gómez es una acomplejada necesitada de relumbrón que ha conseguido destacar gracias a Pedro Sánchez. A los sociatas habrá que explicárselo un poco más.

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