La acusación pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por corrupción, tráfico de influencias y apropiación indebida

La acusación sostiene que Begoña Gómez, «con plena consciencia» de la influencia que le otorgaba su condición de esposa del presidente, utilizó esa posición para favorecer intereses privados propios y ajenos desde junio de 2018, fecha del nombramiento de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo.

Uno de los ejes del escrito es la contratación, en julio de 2018, de su amiga personal Cristina Álvarez como personal eventual de Presidencia del Gobierno con el cargo de directora de programas del gabinete de la Presidencia.

Además, acusación afirma que Begoña Gómez «influyó en los funcionarios y autoridades que debían resolver sobre la contratación», prevaliéndose de su vínculo matrimonial con el presidente y «ejerciendo presión moral eficiente sobre la voluntad de los intervinientes».

El nombramiento de Álvarez, firmado el 16 de julio de 2018 por el subsecretario Antonio José Hidalgo López y tramitado a través de la Secretaría General de la Presidencia, entonces dirigida por Félix Bolaños, ha supuesto para Álvarez una retribución pública total de, al menos, 401.802,40 euros hasta noviembre de 2025.

La acusación sostiene que ese salario público se ha destinado sistemáticamente a gestionar los intereses privados, universitarios y mercantiles de Begoña Gómez, constituyendo así el delito continuado de malversación por el que se piden ocho años de prisión.

Cartas de apoyo a Barrabés

Las misivas de respaldo al empresario Barrabés constituyen otro capítulo central. En julio de 2020, Begoña Gómez firmó, en su condición de codirectora del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dos cartas de apoyo a la UTE formada por Innova Next y The Valley en procedimientos de licitación de Red.es.

En ellas se declaraba que «la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por RED.ES y FSE» y se expresaba «intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias».

Esa UTE resultó adjudicataria de al menos dos contratos: uno de 7.778.926 euros y otro de 4,4 millones. El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 30 de mayo de 2025 detectó «opacidad procedimental, uso desproporcionado de criterios subjetivos, alteración de fórmulas de valoración, incorporación de documentos con deficiente trazabilidad y supresión de metadatos».

Por otra parte, sobre la cátedra que desveló OKDIARIO, la acusación describe cómo, a finales de julio de 2020, el entonces rector de la UCM, Joaquín Goyache, recibió una llamada de la asistente de Begoña Gómez y se desplazó al Palacio de la Moncloa para reunirse con ella.

Días después, el rector telefoneó al vicerrector Juan Carlos Doadrio y le dijo «que había que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente». Todo sin, como informó este periódico, tener un título universitario oficial homologado. El convenio de creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se firmó el 30 de octubre de 2020, con la participación de Reale Seguros, que aportó 60.000 euros, y la Fundación La Caixa, con 15.000 euros anuales.

Apropiación del software

El escrito traza otro delito de apropiación indebida del programa informático desarrollado en el seno de la cátedra, por el que se solicitan seis años de prisión.

La acusación sostiene que Begoña Gómez ha actuado de forma subrepticia: registró el 2 de marzo de 2020 la marca «TSC Transformación Social Competitiva» sin informar a la UCM; dio de alta el 20 de septiembre de 2022 el dominio transformatsc.org, transferido a su nombre el 13 de julio de 2023; y constituyó el 21 de noviembre de 2023 –como adelantó OKDAIRIO– la sociedad mercantil Transforma TSC, S.L., de la que es única socia y administradora.

Todo ello, según la acusación, se hizo mientras la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM le advertía, en correos de octubre de 2022, de que la titularidad del software correspondía «al 100% a la Universidad Complutense de Madrid». El perjuicio directo cuantificado por la propia UCM asciende a 108.765 euros, aunque las aportaciones de empresas como Google (110.000 euros), Indra (128.442 euros) y Telefónica (50.000 euros) elevan la cifra total a, al menos, 348.942 euros.

La causa lleva en los tribunales desde 2024, cuando diversas acusaciones populares —entre ellas HazteOír, VOX, Manos Limpias que por su parte pide 10 años de cárcel y, entre otras, Iustitia Europa— presentaron sus querellas iniciales. Begoña Gómez ha acudido ante Peinado como investigada en cuatro ocasiones.

La acusación también ha pedido medidas cautelares para los tres acusados: prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencia apud acta los días 1 y 15 de cada mes. El sumario, construido folio a folio durante casi dos años, llega ahora al momento en que un jurado popular —y no un juez togado— tendrá la última palabra sobre si la cercanía al poder es, en este caso, sinónimo de abuso del mismo.