Un millar de asociaciones y colectivos, muchos de ellos subvencionados y en los que abundan los relacionados con Podemos, han pedido que los inmigrantes en situación irregular puedan optar al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno.

Bajo el nombre ‘Legalización Ya’, agrupaciones de militantes de Podemos, asociaciones de inmigrantes y otras autodenominadas antirracistas han suscrito un manifiesto en el que exigen que los inmigrantes irregulares que residen en España, estimados en más de 700.000 personas según los datos que ellos mismos ofrecen, tengan acceso a la polémica ayuda que puede solicitarse desde esta misma semana.

De esta manera se propone eliminar el primer requisito que se ha de cumplir para solicitar dicha ayuda: residir legalmente durante más de un año de manera ininterrumpida en España.

El manifiesto se ampara en la situación de especial precariedad a la que se han visto expuestas las personas en esta situación a causa del Covid-19. Según relatan, el contexto actual ha puesto en relieve la «gran aportación de las personas migrantes a la economía y al sostenimiento de la vida», que sin embargo, sostienen que «se produce en condiciones de invisibilidad y explotación».

Según el conjunto de asociaciones, no se puede hablar de estado de bienestar «si no garantiza la protección de uno de los pilares que lo sostienen, las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular».

Entre los firmantes de este escrito se encuentran, por ejemplo, la delegación de Podemos en Cataluña, agrupaciones de militantes del partido de Pablo Iglesias, asambleas feministas, organizaciones subvencionadas como ‘Pobresa Cero’ o la formación política Izquierda Unida.

Todos ellos advierten al Gobierno de que no podrán cumplir con uno de los pilares en los que ha decidido basar su legislatura, la Agenda 2030: «No podrán cumplirla si no toma medidas inmediatas y sostenidas para asegurar que las persones migrantes en situación irregular accedan a los beneficios sociales mínimos que garanticen que no se queden atrás», aseguran haciendo mención al eslogan repetido especialmente por el partido de Pablo Iglesias sobre la importancia de que «nadie se quede atrás».

El manifiesto asegura que esta medida supondría un impacto positivo en la economía española puesto que otorgaría a los irregulares unos «recursos mínimos que les permitan tener un colchón social» mientras consiguen su regularización.

Inviabilidad económica

Esta propuesta supondría una rotura de los cálculos del Gobierno que pretenden beneficiar con su medida a 850.000 hogares.

Estos números indican, según las cuentas presentadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que unos 2,3 millones de personas puedan recibir la controvertida ayuda, cifra que quedaría aumentada más de un 20%.

Si la propuesta de esta asociación se llevase acabo su pondría un aumento inesperado e inasumible para las arcas del Estado.

Legalización generalizada

Otra de las utópicas peticiones que las asociaciones han realizado es la demanda urgente de la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria.

Así lo plantean en otro manifiesto anterior donde afirman que es necesario que se tomen estas medidas extraordinarias que supondrían también la resolución «favorable e inmediata» de todas las solicitudes y expedientes de asilo y protección internacional en trámite.

Bajo estas premisas se pide la «liberación inmediata «de todas las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros, popularmente conocidos como CIES y su correspondiente «archivo de expedientes de devolución y expulsión» de los internos.

Ingreso mínimo vital

El plazo para poder solicitar el ingreso mínimo vital empezará esta semana y será el 26 de junio, después de poco más de una semana desde que se ponga en marcha el proceso de admisión de solicitudes, cuando se empezará a cobrar.

La Seguridad Social es el organismo que deberá hacer frente a estas peticiones que, según Pedro Sánchez, ayudará en los primeros días de funcionamiento a 75.000 personas, más de la mitad niños. Con un importe que oscilará entre los 461 y los 1.015 euros mensuales en función de la situación familiar, será una realidad en unos días.