Asociaciones de familias de presos contra funcionarios de prisiones: «Son carceleros maltratadores»

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no sólo trae extremos polémicos, sino que también trata de resolver antiguos problemas que, hasta ahora, en el caso que afecta al Ministerio del Interior, ningún Gobierno ha sido capaz de resolver. Una de las deudas históricas de este departamento está relacionada con el personal penitenciario: dotar a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de la autoridad. Esta aspiración equipararía a un cuerpo funcionarial que custodia en toda España a una población reclusa que ha llegado a alcanzar en algunas épocas las 60.000 personas. En esta anunciada reforma de la ley han sido el PSOE y Podemos quienes han incluido esta enmienda para cumplir con una histórica promesa, pero su propuesta ha sido respondida por 27 asociaciones que no han dudado en tildar de maltratadores y tiranos a los funcionarios de prisiones.

“Nuestra intención es frenar una modificación legislativa que implicaría una nueva regresión democrática”. Este es uno de los aspectos que destacan las asociaciones firmantes de un escrito que hace poco ha llegado hasta la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. La mayor parte de las asociaciones que respaldan este documento son conocidas por su cariz antisistema y sobre todo por sus permanentes ataques al sistema penitenciario español y, lo que es más grave, a los profesionales que trabajan en él.

Las organizaciones que han presentado el escrito aseguran que pretenden mostrar su “absoluto rechazo” a lo que supone el cumplimiento de una promesa histórica que vendría a completar un vacío incomprensible: si quienes detienen a los delincuentes son autoridad, los que custodian los perímetros carcelarios también lo son y los que trasladan a los presos en sus idas y venidas de prisión también, ¿cómo es posible que quienes custodian a los presos día y noche dentro de las cárceles no lo sean? “Ser autoridad dentro de la cárcel nos dotaría de más medios, mayor y mejor formación además de suponer un castigo severo para las agresiones que sufrimos cada año”, valoran desde el sector de los funcionarios de prisiones.

Acusaciones sin pruebas

Sin embargo, la oposición de estas asociaciones, cuyo escrito no ha recibido ni respuesta ni reproche por parte del Ministerio del Interior, se basa en prejuicios que han plasmado en el citado documento sin ningún tipo de rubor, y lo que es más grave, sin ninguna prueba.

Según ellos esta reforma «implica romper con el consenso establecido en la Ley General Penitenciaria aprobada en el año 1979 (…) que supuso un salto democrático, ya que creó un cuerpo civil para la gestión de los centros penitenciarios, en contra de lo que sucedía durante el régimen franquista (…) ahora se abre la puerta a la policialización de los funcionarios de prisión” y recuerdan que “los criterios que han de guiar su actuación son de índole tratamental y no de régimen ni orden público».

En un mundo ideal su punto de vista sería más o menos respetable, pero a finales de 2021, con cientos de incidentes graves en prisión y más de 100 episodios de agresiones a funcionarios, el punto de vista de estas asociaciones está lejísimos de la realidad penitenciaria. Las asociaciones firmantes tiran en su comunicado de los mismos tópicos que usan en su funcionamiento habitual, acusando a los funcionarios de ser “carceleros maltratadores” o avisando de que la reforma conllevaría un “incremento de las dificultades para denunciar situaciones de maltrato en contexto de privación de libertad”.

Según estos grupos “sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos”, pero lo peor es que son incapaces de asumir la realidad de que un colectivo puede incluir a personas que cometan errores más o menos voluntarios en su trabajo. No, para ellos lo que hay en las cárceles es “una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles” y esta reforma legal supondría “un paso atrás en la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y un paso adelante en la consolidación de la cultura de abuso de poder e impunidad denunciada por el Consejo de Europa”.

Para entender qué sucede detrás de este comunicado baste con recordar el lema de una de las asociaciones firmantes, Salhaketa: “Apoyando y reivindicando la dignidad de todas las personas detenidas, presas, expresas y de sus familiares, que denuncia las condiciones de vida en las cárceles”. Salhaketa es una asociación abertzale que, entre otras cosas ha luchado por el regreso de los presos de ETA al País Vasco. Pero no, que los funcionarios de prisiones sean autoridad, no les parece bien.