La Asociación de Fiscales pide «dignidad» para sus compañeros de la Audiencia Nacional y de Cataluña

La Asociación de Fiscales, AF, ha pedido «dignidad» en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal en Cataluña, y ha agradecido la labor de los fiscales que defienden el orden constitucional frente a aquellos que, con su actuación, «atacan frontalmente la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Estado de Derecho y los principios democráticos, así como las más elementales normas de convivencia».

Ésta es una de las conclusiones alcanzadas por la Asociación durante su XXI Congreso Nacional celebrado este fin de semana en Granada y en el que han participado alrededor de 300 fiscales que ejercen el Ministerio Público en el ámbito nacional.

Durante el encuentro, que se organiza cada dos años, la AF ha mostrado también su reconocimiento y respaldo a sus compañeros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional «por el desempeño de sus funciones con sujeción a criterios estrictamente jurídicos, pese a las presiones políticas existentes».

Más si cabe, después de que en las últimas fechas se haya denunciado «ciertas presiones» sobre la causa donde se investiga al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para el que la Fiscalía solicitaba el lunes pasado prisión incondicional. Finalmente, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dejaba a Trapero en libertad con medidas cautelares.

Según la Asociación de Fiscales, «el Ministerio Fiscal precisa, además, para desempeñar las funciones que legalmente tiene establecidas, de una Policía Judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales».

Por otro lado, han reclamado «dignidad» de la Carrera Fiscal como Alta Institución del Estado, que a su juicio exige la «plena autonomía» en el ejercicio de las funciones que tiene asignadas en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. La entidad entiende que esta autonomía «debe extenderse al ámbito presupuestario, exigencia que deviene imprescindible para el correcto funcionamiento del Ministerio Fiscal».

Más medios para la Fiscalía

Asimismo, han exigido «dignidad» en el cumplimiento de los derechos laborales de los Fiscales. Por un lado, han reclamado más medios materiales, medios personales y una mayor retribución. En este sentido, piden «equiparación retributiva» en las categorías de la Carrera en las que los Fiscales desempeñan las mismas funciones, y una mejora en la retribución de todos los servicios de guardia.

También han criticado el ejercicio de las funciones del Fiscal en el ámbito del proceso penal. «No puede el Fiscal llevar el control de los términos procesales sin los medios adecuados, ni puede configurarse al Fiscal como único garante de los plazos de instrucción», han señalado. Por ello, la AF pide la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, solicitan la «aprobación urgente» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su correspondiente Reglamento.

Igualmente, reclaman la implantación de un sistema informático «único» para todo el territorio nacional y, en todo caso, una aplicación informática «única y dotada de todos los medios técnicos que la hagan eficaz y eviten la ralentización del sistema».

Del mismo modo, piden una «adecuada formación» de los Fiscales en el uso de las nuevas tecnologías, ya que, según lamentan, «la situación actual aboca a las Fiscalías al colapso». También exigen la recuperación de la presencia institucional de la Carrera de Fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos, así como la «mejora inmediata» de las condiciones de asistencia a los cursos de formación y el reintegro «inmediato» de los gastos que se hayan anticipado.

Los fiscales denuncian  a su vez la «ausencia absoluta de correlación entre el alto nivel académico de los cursos de formación y las condiciones en los que éstos se desarrollan», por lo que piden que se les paguen los honorarios devengados por haber participado como profesor, tutor, director o ponente en algún curso.

En el Congreso también han solicitado por último  la creación de un Gabinete de Prensa del Ministerio Fiscal; una subvención económica del Ministerio de Justicia para poder desempeñar «con solvencia» la actividad asociativa; y la adopción de medidas «que permitan situar al Ministerio Fiscal en el lugar que la Constitución le confiere como promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».