Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Guerrero, Fernández, Viera y Márquez por los ERE

Francisco Javier Guerrero. Foto: Europa Press
Francisco Javier Guerrero. Foto: Europa Press

Tras la publicación de la sentencia de los ERE, los condenados tienen que comenzar a cumplir con las penas que la Audiencia Provincial de Sevilla les ha impuesto. Así, la Fiscalía Anticorrupción pide un día después de la publicación de la sentencia que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.

Todos ellos han sido condenados a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE. En concreto, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero fueron condenados a penas de siete años y 11 meses de prisión, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez lo fueron a penas de cárcel de siete años y un día.

El PSOE condenado

Dos ex presidentes del PSOE culpables del desvío de fondos públicos destinados a los parados andaluces. José Antonio Griñán condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada. Manuel Chaves condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Casi un año después de que finalizase el juicio del caso ERE, la Audiencia Provincial de Sevilla ha cerrado la primera de las piezas de la trama corrupta de la Junta de Andalucía. El tribunal competente ha notificado a las partes, este martes, el fallo sobre la parte política del fraude orquestado desde el ente autonómico y los mecanismos diseñados para ponerlo en práctica.

Los socialistas establecieron un sistema irregular «cuyo punto de partida fue la modificación presupuestaria aprobada el 18 abril de 2000», que tuvo por objeto reducir la partida presupuestaria inicial «que era la adecuada para la concesión de subvenciones», para «dotar de fondos a otra que no existía en el presupuesto inicial aprobado, y que no era legalmente apropiada para su otorgamiento», en concreto, la partida 440.01, sostiene el tribunal en la sentencia.

Los socialistas desviaron, con cargo a dicho método, más de 680 millones de euros de fondos sin control de la partida presupuestaria 31L -popularmente conocida como ‘fondo de reptiles’- cuyo objetivo era conceder ayudas laborales a trabajadores de empresas que, durante la crisis, se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo.

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