El vicepresidente de Susana Díaz dice que desconocía las ayudas fraudulentas del Caso ERE

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha declarado en el juicio del Caso ERE que desconocía la línea de ayudas investigadas pese a que siendo alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) pidió una subvención para una feria de muestras en 2003 y ha asegurado que se solicitó colaboración a «múltiples instancias».

Jiménez Barrios ha declarado como testigo, a petición de la acusación popular del PP, cuyo abogado es el único que le ha formulado preguntas, en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que el Gobierno andaluz repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Gran parte del interrogatorio ha versado sobre la ayuda de 24.000 euros que con cargo al fondo de los ERE recibió el Ayuntamiento de Chiclana siendo él alcalde para una feria de muestras, una ayuda que durante la revisión que hizo la Junta fue declarada nula y se pidió su reintegro en 2013 si bien según ha revelado Jiménez Barrios, el alcalde en ese momento, del PP, lo recurrió por la vía contenciosa y ganó el pleito al Gobierno andaluz.

El actual vicepresidente andaluz (llegó al Gobierno en 2013 al asumir la presidencia Susana Díaz tras la dimisión de José Antonio Griñán, precisamente por el caso ERE en el que está siendo juzgado) ha declarado que «en absoluto» conocía la línea de ayudas de la Consejería de Empleo antes de saltar el caso durante su etapa como alcalde y presidente de la FAMP.

Cuando el letrado del PP le ha exhibido una carta del 13 de enero de 2003 firmada por él como alcalde de Chiclana y dirigida al entonces delegado provincial de Empleo en Cádiz, Agustín Barberá (también acusado por su etapa como viceconsejero) solicitando una ayuda para una feria de empleo local, Jiménez Barrios ha señalado que era una «carta tipo» que se dirigió a «múltiples instancias» como entidades bancarias o la Diputación.

El testigo, que a la salida de su breve declaración ha calificado de «infame» su citación por el PP como «estrategia política», ha recordado que la Junta aportó 24.000 euros a una feria que costó 300.000 y que los gastos sufragados con dicha subvención fueron justificados.

El juez, que ya durante la declaración de la ex consejera de Presidencia y ex portavoz de la Junta Mar Moreno (que ha testificado justo antes) ha reprendido varias veces al abogado del PP por interrogarla «como acusada» y como si estuviera «en un debate parlamentario» con preguntas «irrelevantes» para el juicio, también ha interrumpido al letrado Luis García Navarro al considerar igualmente «irrelevante» su «línea de interrogatorio» a Jiménez Barrios sobre los motivos de la posición de parte de la Junta en el proceso.

Comparecencia de 20 minutos

A la salida de la Audiencia de Sevilla tras una comparecencia de apenas 20 minutos, Jiménez Barrios ha criticado que el PP «se ha portado de manera infame» siguiendo una «una estrategia no jurídica, política» y «partidaria que solamente pretendía traer a un miembro del Gobierno actual» al juicio.

Si dentro de la sala Jiménez Barrios ha reconocido que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán -juzgados en este proceso- son «personas a las que estimo», a la salida ha reiterado su «plena confianza» en la «inocencia» de ambos y ha deseado que el juicio se celebre «con celeridad» para esclarecer cuanto antes lo sucedido, aunque ha desligado los tiempos judiciales de cualquier cálculo electoral.