CASO MASCARILLAS

Almeida sin piedad contra Luceño y Medina por estafar al Ayuntamiento: pide 11 y 9 años de cárcel

Almeida caso mascarillas
Almeida este viernes.

El Ayuntamiento de Madrid pide penas de cárcel para Alberto Luceño y Luis Medina en el caso Mascarillas. En concreto, en su escrito de acusación, la Corporación municipal solicita para ellos 11 y 9 años respectivamente por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Consistorio de la capital en la venta de material sanitario en plena pandemia de Covid-19.

El equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida demuestra así que no tiene ninguna condescendencia por estos comisionistas y que, como ha dictaminado en repetidas ocasiones el juez, el Consistorio es el perjudicado del caso y no el autor de los delitos.

La Administración local pide para Alberto Luceño prisión de siete años y multa de 20 meses, con una cuota de 500 euros diarios por la comisión de delito continuado de estafa agravada. A ello se añade dos años más de prisión y multa de diez meses, con una cuota de 500 euros diarios por la comisión del delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, es decir, por él. Por último, también se exige dos años de prisión y multa de 10 meses, con una cuota de 500 euros diarios, por la comisión del delito continuado de falsedad en documento oficial. En total, desde el Ayuntamiento de Madrid, se piden 11 años de cárcel para el investigado Alberto Luceño. En comparación con la petición de la Fiscalía, los abogados del Ayuntamiento sólo dejan fuera el tipo de delito fiscal.

En cuanto a Luis Medina, se le exige lo siguiente: pena de prisión de 7 años y multa de 20 meses, con una cuota de 500 euros diarios, por la comisión de delito continuado de estafa agravada. Pero también se pide otros dos años de prisión y multa de 10 meses, con una cuota de 500 euros diarios, por la comisión del delito continuado de falsedad en documento mercantil. Es decir, nueve años de cárcel para Medina.

En el contexto de una pandemia mundial, el Ayuntamiento de Madrid, epicentro de la primera ola de la pandemia producida por el Covid-19, y con una necesidad imperiosa de suministrar material de protección a todos sus servicios esenciales (desde la Policía Municipal hasta los sanitarios del Samur, el personal de la Empresa Municipal de Transportes o el de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, entre muchos otros), se vio obligado a acceder, en unas condiciones de extrema dificultad, a los mercados internacionales para adquirir por su cuenta el material de protección necesario.

El plan preconcebido por los acusados consistió en incluir en el precio de los contratos el importe de las comisiones que consideraron pertinentes por su actuación, las cuales eran desconocidas para el Ayuntamiento, y que además resultaban leoninas, encontrándose fuera de cualquier estándar de mercado. Las comisiones fueron establecidas previamente por los acusados, los cuales hicieron creer al Ayuntamiento de Madrid que los precios de venta eran los fijados por la mercantil fingiendo, por tanto, que su actuación era altruista y gratuita.

Según el escrito del Ayuntamiento de Madrid al que ha tenido acceso OKDIARIO, los acusados, sabedores de la necesidad apremiante de suministro de material de protección así como de la imposibilidad de satisfacer comisiones por parte de la Administración, ocultaron deliberadamente al Ayuntamiento dichas comisiones, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio que no habría hecho de haberlo conocido.

Los investigados ocultaron deliberadamente al Ayuntamiento que el precio de los contratos fue incrementado por ellos mismos, aproximadamente en un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% por los test, con la finalidad de incluir en el precio la cuantía de sus comisiones. Es decir, los acusados no sólo ocultaron la propia existencia de las comisiones, sino que fijaron unas cuantías exacerbadas fuera de los usos generales del comercio internacional, que recomiendan, para contratos de estas características, unas comisiones del 2% de la cuantía de los contratos, tal y como recomienda la International Chamber of Commerce ICC.

El acusado Alberto Luceño, con la ayuda de Luis Medina, fingiendo tener experiencia en el negocio sanitario, trabajar directamente con fábricas en China y actuar de forma altruista y gratuita, ocultó al Ayuntamiento de Madrid unas comisiones de más de 7,9 millones de euros.

Anticorrupción

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de prisión para el empresario Alberto Luceño y otra de nueve años de cárcel para el aristócrata Luis Medina por el conocido como caso mascarillas, por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de COVID-19.

El fiscal Luis Rodríguez Sol acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra la Hacienda Pública. Al hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa de material sanitario en la que, según la investigación, se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones.

En su escrito, además de la pena de cárcel, Anticorrupción pide para Luceño una multa total de 5,6 millones de euros, mientras que para Medina solicita 450.000 euros, y reclama que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con la cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento. El Ministerio fiscal también destaca que gran parte del material que recibió el Ayuntamiento de Madrid era defectuoso.

Con información de Fernán González.

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