La alcaldesa de La Muela es condenada a 17 años por el mayor escándalo urbanístico en Aragón

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a la exalcaldesa de la localidad zaragozana de La Muela, María Victoria Pinilla, a 17 años de prisión, al pago de una multa de casi 10 millones de euros y más de 70 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público por los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y exacciones ilegales, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El magistrado Francisco Picazo ha dado lectura a los 50 folios del fallo de la sentencia del macrojuicio de La Muela, y que ha puesto fin a siete años de instrucción, en el que se ha investigado una trama de corrupción urbanística cuyo epicentro estaba en el Ayuntamiento de este municipio.

En el banquillo se sentaron 40 personas, de las cuales han sido condenadas 29. Las penas impuestas a todos ellos superan los 100 años de cárcel y las multas fijadas los 44 millones de euros.

La causa judicial comenzó en 2009, cuando el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, dirigió la denominada ‘Operación Molinos’, que llevaron a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y la Jefatura Superior de Aragón.

La Policía investigó una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de La Muela, que presidió María Victoria Pinilla durante 24 años, y en la que estarían implicadas decenas de personas. La Policía realizó numerosos registros en viviendas y locales a partir del 19 de marzo de 2009, deteniendo a más de 40 personas, entre ellas su exmarido y sus hijos.

Pinilla ingresó en la prisión zaragozana de Zuera, donde permaneció durante cuatro meses tras la actuación de su entonces abogado, Javier Notivoli. Pagó una fianza de 800.000 euros.

María Victoria Pinilla ha sido condenada al pago de 9,9 millones de euros. Inicialmente, la Fiscalía pedía para ella 36 años de prisión y el pago de multas por valor de 26 millones de euros. De los 23 delitos que se le imputaban ha sido condenada por 14 de ellos, siendo absuelta de los otros 9.

El tribunal ha considerado a la excaldesa autora responsable de tres delitos continuados de prevaricación administrativa, por lo que se le ha impuesto ellos una pena de 32 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público. Asimismo, como autora de de dos delitos de prevaricación la condena impuesta ha sido de 16 años de inhabilitación.