Al ala izquierdista del CGPJ no le basta que los partidos elijan a los jueces: también quiere examinarlos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles un informe que recoge modelos diferentes para elegir a los vocales judiciales. El bloque de izquierdas incluye la obligación de que los candidatos a vocales se sometan a comparecencias públicas ante el Congreso y el Senado. Según esta propuesta, los candidatos más votados previamente por sus compañeros jueces deberán presentarse ante las Cámaras para exponer su currículum y defender su programa de actuación en el Consejo. Las comparecencias servirían como paso previo a la elección final por parte del Parlamento.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO subrayan que se trataría de una vulneración del principio básico de no regresión que rige en la Unión Europea. Por esta norma no se pueden dar pasos atrás a la hora de regular el funcionamiento de las instituciones públicas. En este caso el bloque de izquierdas del CGPJ quiere aumentar el control político sobre los futuros vocales. En lugar de confiar en la carrera judicial, se les quiere someter a una especie de examen.

El sistema planteado por ese bloque se desarrollaría en dos fases. Una primera votación entre jueces, donde la carrera judicial elegiría a sus candidatos: los 6 magistrados del Tribunal Supremo, 24 magistrados y 12 jueces más votados. Y una segunda fase parlamentaria donde estos candidatos preseleccionados comparecerían en audiencia pública ante el Congreso y el Senado para exponer sus méritos y proyecto. Lejos de permitir que los vocales sean anónimos, esa propuesta pasa porque los vocales pasen frente a las cámaras de televisión para conocer sus planes para el CGPJ.

Esta propuesta contrasta con la del sector de derechas, que rechaza cualquier intervención parlamentaria y defiende que los doce vocales judiciales sean elegidos directamente por los jueces «sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso». Se trataría de recuperar el sistema inicial que regía con Felipe González.

El bloque de izquierdas justifica las comparecencias parlamentarias argumentando que el CGPJ es un «órgano político con funciones de gobierno, no de autogobierno» que debe representar «el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial». Quieren que todos los partidos del arco parlamentario, incluyendo los que no creen en la Constitución española actual, interroguen a los jueces candidatos a regir el órgano de gobierno de los jueces.

En su propuesta explican precisamente que «en relación con la aplicación del principio de independencia judicial ha surgido el principio de no regresión». «Este principio impide adoptar medidas de reforma legal de la Administración de Justicia que puedan menoscabarla o reducirla», recuerdan. En todo caso, consideran que no hay tal regresión.

Comisión de Venecia

Ambas propuestas serán enviadas a la Comisión de Venecia para que evalúe su adecuación a los estándares europeos, aunque hay discrepancias sobre el alcance de esta consulta. Mientras el sector contrario al Gobierno de Pedro Sánchez busca que se determine si las propuestas cumplen con los estándares europeos, el ala de izquierdas lo ve como una mera notificación del cumplimiento de lo acordado en agosto.

La propuesta izquierdista establece una distribución específica por categorías: dos magistrados del Tribunal Supremo, seis magistrados y cuatro jueces –los miembros de la carrera judicial con menos experiencia–. Además, exige respetar el equilibrio entre hombres y mujeres y la representación territorial.

Los candidatos que lleguen a la fase de comparecencias deberán respetar criterios estrictos de inelegibilidad. No podrán presentarse quienes en los cinco años anteriores hayan sido miembros del Gobierno, de ejecutivos autonómicos o hayan ocupado escaños en el Congreso, Senado, Parlamento Europeo o asambleas autonómicas. El modelo contempla un sistema de voto limitado donde cada juez elector podrá votar entre seis y ocho candidatos, menos que el total de puestos a cubrir, para garantizar la representación de las minorías. La votación podría realizarse mediante listas abiertas o por categorías judiciales.

Esta reforma responde a los compromisos adoptados por PSOE y PP en julio de 2024 ante la Comisión Europea para desbloquear la renovación del CGPJ, que llevaba años paralizada. La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha jugado un papel «clave» para lograr que ambas propuestas salieran adelante dentro del plazo establecido.

El CGPJ ha destacado, ante las críticas por una supuesta incapacidad de pactar una solución del agrado de los dos bloques, que el entonces comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, durante la reunión que mantuvo ese día con la presidenta y vocales del Consejo General del Poder Judicial dijo que lo idóneo sería que el CGPJ diera «distintas opciones» de reforma porque cuando se trata de un acuerdo político siempre es más «fácil» alcanzarlo si hay alternativas sobre la mesa. «Si sólo propones una opción, será difícil a las fuerzas políticas decir sí o no. Pero si propones varias será posible dialogar», opinó el político belga.

El proceso que culmina ha sido coordinado por el grupo de trabajo creado en septiembre y que ha estado integrado por los vocales Bernardo Fernández, José Carlos Orga, Isabel Revuelta y Argelia Queralt. Se han reunido semanalmente y recabó la opinión de la Comisión Europea para el Estado de Derecho, Derechos Fundamentales y Democracia; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia); el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción (GRECO); las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia y las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).