El Gobierno retrasa hasta cuatro años las exhumaciones de las víctimas del franquismo

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo no será, ni mucho menos, inmediato. El proyecto, que está dirigido por las respectivas comunidades autónomas, contempla que esas exhumaciones se retrasen hasta cuatro años, en planes determinados por los órganos autonómicos competentes en materia de Memoria Histórica.

Hasta la fecha, el Gobierno solo ha celebrado una reunión con los representantes de las comunidades autónomas en este ámbito. Fue el pasado 19 de septiembre, en la sede del ministerio de Justicia. En la misma, se acordó actualizar el mapa de fosas de víctimas «para diseñar planes cuatrienales de exhumaciones lideradas por las Administraciones Públicas», como destaca ahora el Ejecutivo socialista en una reciente respuesta por escrito en el Senado, preguntado por sus planes de reparación.

En la misma reunión se acordó además la creación de un banco de ADN de desaparecidos a nivel nacional y la elaboración de un censo de víctimas, listado de las edificaciones construidas por batallones disciplinarios y prisioneros, o la revisión de los monumentos en los que pervive simbología franquista.

Sin mapa de fosas

A pesar del compromiso de asumir la búsqueda de los desaparecidos, el Ejecutivo no dispone siquiera de un censo oficial de víctimas ni de un mapa de fosas actualizado. Las únicas estimaciones, y que el Gobierno asume como referencia proceden de las asociaciones de Memoria Histórica y sitúan los desaparecidos en unos 114.000 y en 3.000 las fosas.

Por ello, la prioridad -cinco meses después de que la ministra Dolores Delgado anunciase en el Congreso que el Estado lideraría las exhumaciones- sigue siendo actualizar esa base de datos. Tampoco hay avances en la creación del banco de ADN, esencial para identificar los restos y conectarlos con sus descendientes y familiares. Las exhumaciones dependerán después de las negociaciones con las Administraciones implicadas, con las que se elaborarán convenios que recojan las prioridades de cada una de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Así, y pese a que la Memoria Histórica fue uno de los primeros temas planteados por el Gobierno de Sánchez, la ejecución se retrasa. Desde el departamento competente para las exhumaciones -la dirección general para la Memoria Histórica, creada en junio- se asume también que no será tarea fácil. Tanto por la complejidad técnica, como por el esfuerzo presupuestario.

Según sus cálculos, y como publicó OKDIARIO, estos trabajos costarían, como mínimo, unos 230 millones de euros. A ello se añade que los restos, en avanzado estado de deterioro, se encuentran en la mayor parte de los casos mezclados, lo que exige de un esfuerzo adicional de identificación.

El responsable de este departamento, Fernando Martínez, ya avisó el pasado septiembre de que el proyecto puede crear «falsas expectativas» en los familiares. Y el Gobierno asume que el plan de exhumaciones va para largo.

Año y medio para identificaciones

En los últimos meses, el proyecto más destacado ha sido el del cementerio civil de Castellón, para buscar a las tres primeras personas enterradas allí entre los años 1939 y 1941.

Los trabajos finalizaron precisamente este martes, con unos trece cuerpos exhumados que serán ahora trasladados a Madrid para realizar el cotejo de ADN. Estas pruebas pueden llevar hasta un año y medio, según los investigadores que han participado en las exhumaciones.